Por Redacción 
La Casa Rosada desvinculó a decenas de empleados clave de la Procuración del Tesoro y apunta a posibles filtraciones que habrían favorecido a Burford en el juicio por YPF.
El gobierno de Javier Milei acaba de hacer estallar una bomba institucional: más de 60 funcionarios de la Procuración del Tesoro fueron echados en medio de sospechas graves. ¿La razón oficial? Una «reestructuración por eficiencia». ¿La verdadera razón? Sospechas de filtraciones internas que habrían beneficiado a los fondos buitres en el juicio por la expropiación de YPF.
La Procuración del Tesoro, el organismo que defiende legalmente al Estado argentino, está bajo fuego. El Gobierno cree que las estrategias legales que se diseñaban puertas adentro estaban siendo anticipadas por los poderosos estudios jurídicos que litigan contra el país. ¿Casualidad? ¿Traición? ¿Infiltrados?
El escándalo se potencia en el marco del juicio histórico que lleva adelante la jueza neoyorquina Loretta Preska, quien ordenó a la Argentina pagar USD 16.100 millones por la estatización de YPF. Una cifra monumental que podría dejar en ruinas las finanzas públicas si no se frena a tiempo.
La decisión del Gobierno incluye el cierre de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, la reducción de direcciones nacionales y una poda de personal que parece menos una reforma y más una purga. Las sospechas son pesadas: que alguien, desde adentro, habría entregado información privilegiada al fondo buitre Burford Capital, el principal demandante.
En paralelo, emergen vínculos incómodos. El actual jefe de la Procuración, Santiago Castro Videla, tiene lazos directos con un estudio jurídico que habría colaborado en el juicio… pero del lado contrario. Su socio, el constitucionalista Alberto Bianchi, fue citado por los demandantes para explicar el funcionamiento de YPF y del derecho argentino. ¿Cómo se sostiene esa contradicción?
Según fuentes de la Casa Rosada, Milei está furioso. No solo por la posibilidad de traición interna, sino por lo que interpreta como una estrategia judicial errada y débil. A pesar de todo, Castro Videla sigue en su cargo. ¿Por qué? Porque cuenta con el aval de Santiago Caputo, figura clave del llamado “Triángulo de Hierro” que rodea al Presidente.
En medio del caos, una noticia trajo algo de alivio: la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York suspendió de manera preventiva la orden de Preska que obligaba a la entrega del 51% de las acciones de YPF a Burford. Una pausa. Un respiro. Pero no una victoria.
El caso sigue, y las tensiones internas también. La sospecha de que hubo «topos» en la Procuración no solo enciende las alarmas, sino que pone en cuestión la capacidad real del Estado argentino para defender sus intereses estratégicos. ¿Estamos ante un caso de negligencia o de traición?
En los pasillos del Ministerio de Economía y Justicia reina la desconfianza. Se habla de filtraciones, de carpetazos, de internas. Nadie se anima a hablar fuerte, pero todos murmuran lo mismo: hubo manos negras operando desde adentro.
Este episodio podría marcar un antes y un después en la política judicial del país. La vulnerabilidad institucional queda expuesta. El Estado, en su máxima expresión, aparece como una máquina con engranajes rotos. Y la gran pregunta es: ¿quién los rompió?
En un contexto de ajuste, recortes y «motosierra», Milei enfrenta ahora una crisis que no se soluciona con Excel ni con gráficos. La credibilidad jurídica de la Argentina está en juego. Y detrás de ella, miles de millones de dólares.