Por Redacción 
Se aprobó la reforma del Código Procesal Civil y Comercial que acelera causas judiciales, fija límites estrictos y apunta a garantizar fallos en tiempo razonable.
La provincia de San Luis dio este martes un paso clave en su intento de modernizar y agilizar el sistema judicial: el Senado convirtió en ley el proyecto que combate la mora judicial mediante una profunda reforma del Código Procesal Civil y Comercial.
Impulsada por el gobernador Claudio Poggi, la iniciativa fue elaborada tras consultas con los Colegios de Abogados de toda la provincia y el Colegio Forense. En el recinto, fue el senador Martín Olivero quien explicó punto por punto el alcance de una norma que —según él mismo— busca garantizar una Justicia que no llegue tarde.
¿Qué cambia la nueva ley?
La lentitud del Poder Judicial, la falta de cumplimiento de plazos y el eterno “en trámite” en muchos expedientes son el blanco principal de la reforma. A continuación, los principales cambios:
Los jueces ya no tendrán que esperar notificaciones para que empiecen a correr los plazos. Ahora, los tiempos para resolver causas comenzarán automáticamente, sin pasos intermedios.
Solo podrá dictarse una por instancia, y deberá cumplirse en 15 días hábiles. Habrá una sola prórroga posible por otros 15 días. Si se usan sin sentido o para dilatar, serán causal de remoción del juez.
Si un juez no puede dictar sentencia a tiempo, deberá avisar al Superior Tribunal con al menos 10 días de anticipación. Solo se permitirá una prórroga de 15 días. Si no cumple, perderá automáticamente la jurisdicción del caso y el expediente será reasignado.
La ley rige para todas las causas nuevas desde su publicación en el Boletín Oficial. También puede aplicarse a expedientes en trámite, siempre que no hayan iniciado plazos bajo la ley anterior.
Según Olivero, el objetivo es simple pero ambicioso: que la gente deje de ver a la Justicia como un sistema estancado, y pueda contar con una sentencia en plazos razonables. Algo que, hasta ahora, se considera más una aspiración teórica que una garantía real.
Además, la norma se complementa con otra propuesta ya anunciada por el Gobierno de Poggi: la eliminación de la feria judicial, otro punto que suele generar malestar entre litigantes y abogados.
La pregunta inevitable es si esta ley tendrá el impacto esperado o terminará en letra muerta, como muchas otras reformas judiciales anteriores. Lo cierto es que, por primera vez, hay consecuencias claras para los jueces que no cumplen con los plazos: pueden perder el caso e incluso enfrentar sanciones o remoción.
La resistencia de algunos sectores del Poder Judicial no tardará en aparecer, pero desde el Ejecutivo aseguran que no hay vuelta atrás. El mensaje es claro: la Justicia debe adaptarse a los tiempos de la sociedad o será reemplazada por la desconfianza.
Natalia Ciliento