Por Natalia Ciliento 
El Poder Ejecutivo provincial modificó la Ley N° VIII-0752-2011, que regula el programa “Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro”, con el objetivo de incorporar nuevas condiciones de acceso al beneficio. El decreto firmado establece que los estudiantes deberán acreditar una conducta escolar basada en el respeto, la convivencia y la ausencia de prácticas de violencia.
La nueva redacción alcanza conductas como bullying, acoso, extorsión, amenazas o cualquier forma de violencia física, sexual, psicológica o verbal, ya sea presencial o mediante medios digitales. El ministerio de Educación informó que el cambio busca ordenar el funcionamiento del programa y reforzar criterios administrativos.
La normativa incorpora lineamientos sobre la conducta exigida en el entorno escolar. El inciso H del artículo 3° detalla que el alumno deberá mantener un comportamiento adecuado con docentes, directivos, preceptores y personal administrativo o de maestranza. Además, deberá respetar el normal funcionamiento de la institución educativa.
Quienes incurran en prácticas consideradas violentas serán sujetos a sanciones económicas vinculadas al beneficio de las estampillas. De acuerdo con el texto oficial, el alumno podrá perder el equivalente en estampillas correspondiente al año en curso cuando se verifique la falta.
En caso de reiteración de la conducta en tres oportunidades, en el mismo ciclo lectivo o en ciclos distintos, se procederá al descuento total de las estampillas acumuladas hasta ese momento. El esquema sancionatorio entrará en vigencia a partir del ciclo lectivo 2026. Las autoridades aclararon que la medida no afectará beneficios generados en años anteriores.
El decreto también fija las condiciones para la validez de reclamos vinculados al programa. El inciso I del artículo 3° incorpora un plazo máximo de doce meses desde el egreso del nivel secundario para presentar cualquier solicitud o reclamo formal. Pasado ese lapso, el derecho al canje quedará sin efecto.
La medida busca establecer plazos claros y uniformes para la administración del beneficio, con el objetivo de ordenar los tiempos de gestión y mejorar los registros de seguimiento.
La determinación de la reducción o pérdida total del beneficio será dispuesta por el ministerio de Educación. Para ello, se utilizará información objetiva proporcionada por cada institución educativa. Los establecimientos deberán notificar hechos, conductas y sanciones aplicadas conforme a sus propios protocolos internos.
Las autoridades educativas remarcaron que la evaluación se basará únicamente en datos verificables y no en denuncias informales o sin sustento documental.
El decreto también mantiene el espíritu original del programa de Estampillas Escolares, el cual está orientado a promover el ahorro, incentivar la permanencia en la escuela y acompañar el proyecto futuro de los estudiantes egresados del secundario.
Con la actualización normativa, el programa incorpora además criterios de convivencia destinados a garantizar entornos educativos respetuosos y libres de violencia. Las autoridades consideraron necesario integrar el componente de comportamiento como parte del beneficio, con el objetivo de reforzar la formación integral dentro del sistema escolar.
Por otro lado, la modificación busca mejorar la organización administrativa del programa, especialmente en el proceso de reclamos. El plazo máximo de doce meses permitirá cerrar expedientes en tiempos razonables y evitar demoras prolongadas en la gestión provincial.
A partir de 2026, las escuelas deberán seguir los nuevos lineamientos y comunicar los casos detectados a las autoridades provinciales.
El ministerio de Educación informó que la medida ya fue notificada a directivos y supervisores regionales, quienes deberán actualizar los protocolos internos para registrar conductas y sanciones. La implementación se realizará de manera progresiva, con el objetivo de asegurar el registro adecuado de cada situación.
La Provincia continuará utilizando el sistema vigente de entrega de estampillas, que permite que los estudiantes acumulen el beneficio hasta finalizar el secundario y lo canjeen luego en entidades habilitadas.
Los cambios normativos se suman a las políticas de fortalecimiento del sistema educativo implementadas este año. La actualización apunta a integrar criterios de convivencia y conducta responsable en el acceso al beneficio económico.
Según se informó oficialmente, el decreto comenzará a regir tras su publicación y será incorporado al texto ordenado de la ley para consulta pública.