Por Natalia Ciliento 
Exhibiciones obscenas en La Punta: imputan a un hombre por acosar y perseguir a una adolescente y el caso vuelve a poner en agenda un tipo de violencia que ocurre a plena luz del día y en espacios públicos.
El imputado, identificado como Diego Fernando García, fue acusado por un hecho ocurrido en la ciudad de La Punta, donde una joven de 17 años fue víctima de conductas de connotación sexual mientras caminaba con su hijo en un cochecito.
Según la reconstrucción judicial, el episodio se produjo cerca de las 08:00 sobre la avenida General San Martín. La adolescente advirtió la presencia de un automóvil Fiat Palio blanco que circulaba lentamente detrás de ella.
La secuencia escaló rápidamente. El conductor descendió en un sector de la avenida Juan Pascual Pringles, simulando una situación cotidiana, pero al regresar al vehículo comenzó a dirigirse de manera insistente a la joven, invitándola a subir al auto. En ese momento, la víctima observó que el sujeto realizaba actos de índole sexual dentro del rodado.
Lejos de detenerse, el hombre continuó la conducta. A bordo del vehículo, comenzó a seguirla durante varias cuadras, manteniendo una velocidad baja y constante. La situación se interrumpió recién cuando la adolescente tomó su teléfono celular, lo que provocó la fuga del agresor.
Ahora bien, el dato que agrava el caso no es solo la conducta, sino el contexto: la víctima es menor de edad y estaba acompañada por su hijo. Es decir, una situación de vulnerabilidad evidente.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Género Nº 1, representada por la fiscal Delia Bringas, quien imputó a García por el delito de exhibiciones obscenas agravadas.
La acusación se sostiene en múltiples pruebas: denuncia formal, testimonios, registros fílmicos, actuaciones policiales y una pericia en Cámara Gesell. Este último elemento fue clave, ya que determinó que el relato de la joven es coherente y compatible con una memoria episódica, es decir, con una vivencia real.
Además, la Fiscalía incorporó antecedentes de características similares vinculados al imputado, aunque en otros casos las víctimas eran mayores de edad. Un punto que refuerza la hipótesis de conducta reiterada.
Durante la audiencia, que se desarrolló ante la jueza Agustina Dopazo Samper, también intervino la Defensoría de Niñez y Adolescencia, que adhirió a la acusación y solicitó ampliar las medidas de protección, incluyendo restricciones en redes sociales.
Por su parte, la defensa no se opuso a la formulación de cargos ni a las medidas de coerción, aunque cuestionó la extensión del plazo solicitado por la Fiscalía.
Finalmente, la magistrada tuvo por formulados los cargos y dictó una serie de medidas: firma mensual ante la Fiscalía, prohibición de salir de la provincia sin autorización y restricción absoluta de acercamiento y contacto —tanto físico como digital— con la víctima y su entorno, en un radio de 300 metros.
En este punto, hay un dato que no pasó desapercibido: el imputado trabaja como conductor de una aplicación de transporte, lo que implica circulación constante en la vía pública. Por eso, la restricción cobra un peso operativo real.
La jueza fue clara. El incumplimiento de estas medidas puede derivar en una causa por desobediencia judicial y en sanciones más severas, incluida la prisión preventiva.
En definitiva, exhibiciones obscenas en La Punta: imputan a un hombre por acosar y perseguir a una adolescente no es solo un expediente judicial. Es un caso que expone una forma de violencia que muchas veces se minimiza, pero que tiene impacto directo en la seguridad y la libertad de las personas en el espacio público.