Homicidio del barrio 1° de Mayo: imputaron a Carlos Barroso y revelan que amenazaba a la víctima días antes

La Justicia formuló cargos contra Carlos Fausto Barroso por el homicidio de Carlos Javier Moyano. La fiscalía sostuvo que existían amenazas previas y pidió 120 días de prisión preventiva. La defensa solicitó una prórroga de detención.

El homicidio del barrio 1° de Mayo sumó este domingo un nuevo capítulo judicial. En una audiencia realizada durante la siesta, la Fiscalía de Instrucción N°3 imputó a Carlos Fausto Barroso (31) por “homicidio doblemente calificado por la participación de dos o más personas y por el uso de arma de fuego”, en perjuicio de Carlos Javier Moyano (47).

La calificación es grave. Y la expectativa de pena, la máxima.

El fiscal Esteban Roche sostuvo que existen múltiples elementos que comprometen al acusado. Testimonios presenciales, registros de cámaras de seguridad, pericias balísticas y secuestro de prendas de vestir forman parte del plexo probatorio inicial. Pero hubo un dato que impactó en la audiencia: según la acusación, Barroso habría estado amenazando a la víctima desde hacía al menos una semana.

La reconstrucción fiscal ubica el hecho el viernes entre las 19:50 y las 20 sobre la avenida Quinto Centenario. Moyano circulaba en su moto cuando, presuntamente, un Volkswagen Gol Power lo interceptó. De acuerdo a la exposición de Roche, el vehículo aceleró, sobrepasó a la víctima, realizó un giro en “U” y desde el asiento del acompañante se efectuaron dos disparos directos.

La autopsia confirmó que los proyectiles perforaron ambos pulmones y provocaron un shock hipovolémico que causó la muerte casi inmediata de Moyano. La escena fue brutal. A plena luz del día. En una zona transitada. La fiscalía advirtió incluso que el ataque pudo haber generado más víctimas colaterales. Durante la audiencia, el fiscal evitó mencionar los nombres completos de los testigos. Se refirió a ellos únicamente por sus iniciales. El motivo: miedo.

Según expresó, todos solicitaron reserva de identidad por temor a represalias, describiendo al imputado como una persona violenta y con allegados que también generarían intimidación en la zona oeste de la ciudad. La pareja de la víctima declaró que una joven que presenció el hecho identificó al conductor del auto y señaló a Barroso como quien disparó. Además, afirmó que su pareja venía siendo hostigada y amenazada con armas de fuego días antes del crimen.

En el lugar del ataque, relató el fiscal, unas 20 personas comenzaron a señalar al presunto autor apenas ocurrido el hecho. El clima social es espeso. Y el expediente recién comienza. La fiscalía solicitó 120 días de prisión preventiva. Argumentó riesgo de fuga, posibilidad de entorpecimiento de la investigación y la gravedad de la pena en expectativa.

El juez de Garantía N°3, Marcos Flores Leyes, concedió una prórroga de ocho días de detención a pedido de la defensa, representada por Guillermo Levingston. Finalizado ese plazo, se definirá la situación procesal del acusado.

Hay otro elemento que tensiona el caso: Barroso debía enfrentar el 6 y 7 de abril un juicio por “robo calificado por el uso de arma de fuego”.

Según detalló la fiscalía, registra antecedentes por portación y tenencia de armas, robo calificado, abuso sexual, privación ilegítima de la libertad y robo simple. Pese a ese historial, estaba en libertad.

Ese dato abre una discusión inevitable sobre reincidencia, control judicial y peligrosidad procesal. No es un debate nuevo, pero vuelve a escena cada vez que un hecho de esta magnitud conmociona a un barrio.

El homicidio del barrio 1° de Mayo no sólo interpela al sistema judicial. También expone una realidad barrial atravesada por el miedo y la violencia cotidiana.

La investigación será extensa, advirtió el Ministerio Público Fiscal. Restan producir pruebas y profundizar pericias. El auto señalado fue hallado en un terreno anexo a la vivienda del imputado en el barrio Pescadores, durante el procedimiento de detención.

Mientras tanto, la familia de Moyano enfrenta el duelo. Y la ciudad, otra vez, vuelve a preguntarse cómo prevenir que conflictos previos, amenazas reiteradas y antecedentes penales desemboquen en un desenlace fatal.

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