Por Natalia Ciliento 
Intoxicación de 64 niños en San Luis: imputan a proveedor del PANE
La Justicia de San Luis imputó a Esteban Eduardo Covarrubias, proveedor del Programa Alimentario Nutricional Escolar (PANE), por adulteración culposa de alimentos tras la intoxicación de 64 niños en dos escuelas de la ciudad. La jueza Luciana Banó tomó la decisión durante una audiencia realizada este miércoles en el Juzgado de Garantía Nº 4 de la primera circunscripción.
El episodio ocurrió el 14 de marzo, cuando alumnos de la Escuela Pancha Hernández presentaron vómitos y diarrea después de consumir el almuerzo escolar. Simultáneamente, médicos del Hospital del Sur registraron los mismos síntomas en estudiantes de la Escuela La Rioja. Según los informes, los alimentos —arroz con pollo y menú para celíacos— contenían salmonella, bacteria que coincidía con los cuadros clínicos detectados.
La investigación del Ministerio de Salud, a través del área de Epidemiología, determinó que los alimentos se entregaron en conservadoras a media mañana y se distribuyeron en las aulas para consumo inmediato. Aunque todos los niños fueron dados de alta el mismo día, la gravedad del hecho llevó a la Justicia a actuar de inmediato.
Sol Puntano SAPEM confirmó que Covarrubias fue el proveedor de los alimentos en ambas instituciones. La fiscal adjunta Alejandra Quiroga Nassivera señaló que la imputación se basa en el artículo 200 del Código Penal, que tipifica la adulteración de alimentos, y en el artículo 203, que establece la modalidad culposa.
El bloque de concejales justicialistas de San Luis se constituyó como querellante, con representación de las abogadas Estrella Marín y Fernanda Pereyra Jamenson. Las representantes legales solicitaron que la investigación se extienda a funcionarios municipales por presunta omisión de controles bromatológicos, recordando que la normativa vigente impone obligaciones claras en materia de fiscalización alimentaria. El Defensor de Niñez y Adolescencia Nº 1, Sebastián Privitera, también acompañó la acusación.
En defensa, los abogados de Covarrubias, Guillermo Levingston y Roberto Estévez, calificaron la imputación como una “caza de brujas” y cuestionaron la validez de las pruebas. Sin embargo, la jueza Banó consideró acreditada la presencia de salmonella en los alimentos a partir de informes técnicos y dictó la formulación de cargos. Entre las medidas de coerción, Covarrubias deberá firmar mensualmente en el libro de imputados, tiene prohibido salir de la provincia durante tres meses y la Municipalidad de San Luis fue notificada oficialmente para tomar conocimiento de la causa.
El caso expone una falla en el control alimentario escolar y genera un llamado de alerta sobre la seguridad de los programas estatales de alimentación. La imputación marca un precedente judicial y refuerza la responsabilidad tanto de proveedores como de autoridades locales en la protección de los derechos de la infancia.
Hector Acosta