Por Agostina Acosta 
Esta semana se dará inicio a los sumarios administrativos contra 33 empleados públicos de planta permanente, acusados de presentar certificados médicos falsificados para obtener licencias por enfermedad. La auditoría parcial realizada por la Dirección de Recursos Humanos detectó las irregularidades en diversos organismos del Estado Provincial, encendiendo las alarmas sobre el uso indebido de licencias pagas.
Según establece el Estatuto del Empleado Público, los trabajadores involucrados serán suspendidos en el cobro de sus haberes durante 90 días mientras se desarrollan los sumarios correspondientes. De confirmarse las acusaciones, podrían enfrentar sanciones más severas, que incluyen la cesantía.
Este caso no es aislado. Hasta el momento, 62 empleados contratados ya fueron cesanteados por la misma causa, con la rescisión inmediata de sus contratos, conforme a lo establecido por la legislación vigente. La situación pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los controles internos para evitar abusos que afectan las finanzas públicas y la confianza en la administración estatal.
Desde Recursos Humanos aseguraron que las investigaciones continuarán para garantizar la transparencia y el cumplimiento de las normativas. Este escándalo subraya la importancia de adoptar medidas ejemplares para desalentar futuras irregularidades dentro del sector público.
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