Por Natalia Ciliento 
El intendente Ayala busca homologar un convenio con una empresa de telecomunicaciones para una antena en la planta de agua. La oposición lo acusa de falta de legalidad y estudios ambientales. Sin embargo, la antena está allí desde 2012, autorizada por el Concejo de entonces. La discusión expone más hipocresías políticas que verdaderos compromisos con la comunidad.
La política suele moverse al ritmo de las conveniencias, y el caso de la antena en la planta potabilizadora de La Punta es un ejemplo perfecto. el miércoles pasado, el intendente Luciano Ayala enfrenta críticas por intentar homologar en el Concejo Deliberante un convenio con la empresa Sitios Argentina S.A., firmado en 2022, que extiende el uso del predio municipal por 13 años. Se lo acusa de no contar con autorización legislativa, ni estudio de impacto ambiental, ni consulta vecinal.
Los cuestionamientos no son menores: se trata de un predio estratégico, donde se potabiliza el agua que consume toda la ciudad.
in embargo, hay un dato que los flamantes paladines ambientales y los indignados de ocasión prefieren olvidar: la antena no apareció en 2022. Fue instalada en 2012, bajo la gestión del exintendente Darío Rosas Curi, mediante un contrato firmado con AMX Argentina por 10 años y homologado oportunamente por el Concejo Deliberante. Ese acuerdo venció el 9 de septiembre de 2022. Desde el Ejecutivo se intimó entonces a la empresa —hoy Sitios Argentina S.A.— a regularizar la situación, pero no hubo acuerdo económico. Tras tres años sin contrato vigente, finalmente se logró destrabar el conflicto, y pactar un nuevo convenio por 10 años más. Es decir, la torre lleva más de una década en el mismo lugar, y hasta ahora nadie pareció incomodarse demasiado.
Lo ambiental en La Punta no es un tema menor, pero tampoco puede usarse como mascarón de proa para disputas políticas coyunturales. La ciudad fue pensada como un polo ecológico y tecnológico por Alberto y Adolfo Rodríguez Saá, pero esa visión parece diluirse cuando los mismos concejales que guardaron silencio durante años ahora levantan la bandera de la transparencia y la legalidad, a conveniencia.
Claro que la homologación debe pasar por el Concejo, con todos los requisitos legales: informes técnicos, audiencia pública, debate transparente. Pero el debate serio exige memoria. ¿Dónde estaban quienes hoy golpean la mesa cuando se autorizaron otras antenas en el ejido municipal? ¿Por qué el silencio entonces y la indignación ahora?
Lo cierto es que la instalación de antenas de telecomunicaciones no es, en sí misma, un perjuicio para la comunidad. Al contrario: es un beneficio en materia de conectividad y servicios. El problema radica en cómo se gestionan estas decisiones, con qué marco legal y bajo qué nivel de transparencia. La improvisación política no puede ser la regla, ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo.
La comunidad de La Punta necesita que sus representantes actúen con coherencia, no con oportunismo. Que se discuta el convenio, sí, pero con seriedad, sin campaña disfrazada de ambientalismo ni silencios selectivos. La política local debería dejar de mirar hacia el costado y asumir responsabilidades a lo largo del tiempo.
Porque la verdadera pregunta no es si la antena debe estar o no: ya está desde hace trece años. La pregunta es cuándo los dirigentes de La Punta van a empezar a hacer las cosas bien, con respaldo legal, memoria política y, sobre todo, coherencia.