Por Natalia Ciliento 
La política de controles toxicológicos obligatorios para funcionarios públicos sumará este año un nuevo capítulo. La Ley de Narcotest en San Luis no solo continuará aplicándose en La Punta, sino que incorporará por primera vez a Villa de Merlo dentro del esquema municipal de adhesión.
El anuncio se realizó en Casa de Gobierno con la participación del director de Legalidad y Ética Pública, Bruno Fernández, y los intendentes Luciano Ayala (La Punta) y Leonardo Rodríguez (Merlo). El mensaje fue claro: profundizar la implementación y convocar a otros municipios a sumarse.
Según detalló Fernández, el universo de personas alcanzadas en 2026 asciende a aproximadamente 12.200 integrantes de los tres poderes del Estado provincial, además de personal de salud, fuerzas policiales y servicio penitenciario. De ese total, se prevé la realización de 5.800 estudios bajo el criterio de aleatoriedad, mediante sorteo de la Caja Social.
La cifra no es menor. Marca una expansión significativa respecto al año anterior.
En 2025 se tomaron 1.909 muestras y se registraron 48 resultados positivos. Ocho correspondieron a sustancias ilegales. Los otros 40 casos estuvieron vinculados a medicamentos bajo prescripción, aunque en situaciones que podrían implicar abuso o automedicación.
El procedimiento, según explicó el funcionario, contempla la intervención del Centro de Prevención y Asistencia a las Adicciones (CPAA) en el caso del Ejecutivo provincial. Luego, cada poder aplica sus mecanismos administrativos y disciplinarios.
La Punta: continuidad y financiamiento total
En el plano municipal, La Punta ratificó su compromiso. El intendente Luciano Ayala recordó que la ciudad adhirió apenas sancionada la norma y firmó convenios con el Gobierno provincial y con la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), encargada de realizar los estudios.
El año pasado fueron evaluados 60 funcionarios municipales: 52 del Ejecutivo, seis del Legislativo y dos del Juzgado de Faltas. Para 2026, la nómina ascenderá a 63 personas debido a la actualización del Concejo Deliberante.
Hay un dato político que no pasa inadvertido: el municipio cubrirá el 100% del costo de los exámenes.
Ayala enmarcó la medida dentro de la política provincial de lucha contra el narcotráfico impulsada por el gobernador Claudio Poggi y sostuvo que los funcionarios deben “dar el ejemplo”.
La continuidad del programa en La Punta busca consolidar un mensaje de coherencia institucional. No es un gesto aislado, sino una decisión sostenida.
Merlo se incorpora por primera vez
En Villa de Merlo, la aplicación será debut. El intendente Leonardo Rodríguez explicó que la ciudad ya contaba con una ordenanza previa a la sanción provincial y que el entonces jefe comunal, Juan Álvarez Pinto, amplió su alcance mediante decreto.
La implementación comprenderá a cerca de 50 funcionarios municipales, incluyendo concejales, la jueza de faltas, su secretario y miembros del gabinete.
Sin embargo, Merlo adoptará un criterio diferente en el financiamiento: cada funcionario deberá afrontar el costo de su propio estudio, pese a que el municipio ya firmó convenios con la UNSL y con la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia.
La diferencia no es menor. Expone dos modelos dentro de una misma política pública.
Idoneidad, mensaje político y expansión provincial
Desde el Gobierno provincial insisten en que la norma garantiza idoneidad en la función pública. La premisa es que toda decisión estatal debe adoptarse sin interferencias derivadas del consumo de sustancias.
Más allá de la dimensión sanitaria, el narcotest tiene una carga simbólica evidente. Se inscribe en la agenda de seguridad y en el discurso de ejemplaridad que el oficialismo provincial viene impulsando.
También funciona como señal hacia la ciudadanía: control interno antes que exigencia externa.
Fernández remarcó que San Luis fue pionera en este tipo de legislación y que ya fue replicada por otras provincias. La invitación a intendentes y concejos deliberantes apunta precisamente a ampliar esa red de adhesiones.
El debate, inevitablemente, seguirá abierto. No tanto sobre la herramienta en sí, sino sobre su alcance, sus costos y sus efectos reales.
Por ahora, la foto es clara: la Ley de Narcotest en San Luis no se detiene. Se expande. Y en 2026 tendrá mayor volumen político y administrativo que en su primer año de aplicación plena.