Por Redacción 
El Senado provincial votó por unanimidad la derogación de la ley que desfederalizaba causas por drogas. Ahora, el debate pasa a Diputados.
Este martes, el Senado de San Luis aprobó por unanimidad la derogación de la Ley N° V-1081-2022, que había establecido la desfederalización parcial de causas por narcomenudeo. La normativa, sancionada en 2022, permitía que la Justicia provincial interviniera en delitos menores vinculados a estupefacientes, como la tenencia simple y el suministro en dosis personales.
La decisión forma parte de una iniciativa del Poder Ejecutivo, impulsada por el gobernador Claudio Poggi, que busca revertir un esquema que nunca fue implementado de manera efectiva. El proyecto ya tiene media sanción y ahora será tratado en la Cámara de Diputados.
El senador por el departamento Pueyrredón, Martín Olivero, recordó que la ley ya había sido suspendida en 2024, a la espera de una revisión profunda, dado que no se cumplió ninguno de los requisitos estructurales:
No se elaboraron protocolos.
No se crearon organismos judiciales específicos.
No se nombraron jueces, fiscales ni defensores.
No se conformó la comisión de seguimiento prevista por la misma ley.
¿Por qué se deroga?
Entre los argumentos principales de la derogación, se destacan los resultados negativos que este tipo de leyes tuvo en otras provincias como Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Formosa y Salta. Según datos de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Procuración General de la Nación, la desfederalización:
Aumentó las causas por tenencia simple y consumo.
Restó recursos a la persecución del narcotráfico organizado.
Fragmentó las investigaciones.
Impidió aplicar figuras penales agravadas a redes criminales.
“El modelo no funcionó. Terminó debilitando la lucha real contra las redes narco”, señaló Olivero durante su intervención.
Coordinación y especialización: las claves
Durante el período en que la ley estuvo suspendida, San Luis logró mejores resultados mediante el trabajo articulado entre fuerzas de seguridad provinciales y federales, con la intervención directa de la Justicia Federal, más preparada en investigaciones complejas.
El proyecto de derogación sostiene que preservar ese esquema coordinado es clave para evitar retrocesos institucionales y garantizar una persecución penal eficaz.
Según informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Argentina está en las principales rutas del narcotráfico global y tiene uno de los índices de consumo más altos, junto con España.
La visión de los legisladores
El senador por Pedernera, Adolfo Castro Luna, explicó que en 2022 su bloque acompañó la sanción original de la ley con esperanza, pero que con el tiempo se demostró su inaplicabilidad.
“La ley nunca tuvo una implementación real. Generó conflictos entre jurisdicciones y sobrecargó un sistema policial ya saturado. Terminó siendo una medida descoordinada e ineficiente”, afirmó.
Además, reconoció que la problemática del narcotráfico afecta gravemente a los jóvenes y al entramado social de la provincia, por lo que insistió en que es necesario actuar con herramientas efectivas, no con parches legales sin sustento.
Hector Acosta 
Natalia Ciliento