Por Natalia Ciliento 
San Luis fue escenario de un operativo internacional contra abuso sexual infantil en internet, coordinado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial. El procedimiento incluyó cuatro allanamientos, el secuestro de múltiples dispositivos electrónicos y la detención de tres personas en la capital puntana. Además, se confirmó una cuarta detención en La Pampa.
El procurador general, Sebastián Cadelago Filippi, explicó que el operativo se realizó de forma simultánea en todo el país. En total, hubo 50 allanamientos en Argentina, como parte de una red internacional que investiga y reprime este tipo de delitos en coordinación con 15 países. “Este trabajo busca frenar la producción, tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil”, señaló.
La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, destacó la magnitud del despliegue y precisó que “los cuatro allanamientos en San Luis dejaron tres detenidos, mientras que la cuarta persona involucrada ya está identificada en otra provincia”. La funcionaria advirtió que este tipo de delitos, aunque parezcan lejanos, también ocurren en la provincia.
El origen de la investigación se remonta a la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos de Buenos Aires, a cargo de la doctora Daniela Dupuy, junto al Centro de Investigaciones Judiciales de CABA. Ellos monitorean constantemente el tráfico en internet y reportan los casos a cada jurisdicción según las direcciones IP detectadas.
En San Luis, la fiscal Antonella Córdoba, a cargo de la Fiscalía Penal de Género, Diversidad, Infancias y Adultos N° 2, detalló que los allanamientos se realizaron en barrios 123 Viviendas, Tomás Jofré, Caídos en Malvinas y Kennedy. “El delito se encuadra en tenencia y difusión de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes”, indicó. También confirmó que los secuestros incluyeron celulares, notebooks, discos externos, pendrives y DVDs.
Los involucrados no tenían relación entre sí, aunque uno de ellos, del barrio Kennedy, ya tenía antecedentes desde 2020. Todos los detenidos son mayores de edad.
El ingeniero David Fuentes, del área de Delitos Complejos del MPF, explicó que las investigaciones se nutren de reportes internacionales y de empresas tecnológicas con sede en Estados Unidos, obligadas por ley federal a denunciar casos de tráfico de material de abuso sexual infantil. La circulación del contenido puede realizarse a través de redes sociales, páginas ilegales o sistemas de intercambio entre pares (P2P), como los torrents.
Fuentes detalló que en los allanamientos se hace un “triage”, es decir, una inspección rápida con herramientas forenses para detectar material sensible. “En los casos de San Luis los dispositivos resultaron positivos, lo que derivó en las detenciones”, afirmó.
El procurador Cadelago recordó que, por ley, también se castiga la simple tenencia de material de abuso sexual infantil. En las redes P2P, las personas pueden compartir archivos sin saberlo, lo que multiplica el alcance del delito.
Desde el plano internacional, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security) aporta reportes clave. “Este caso incluyó más de 3.000 videos, lo que demuestra la gravedad del tráfico detectado”, agregó Cadelago. También subrayó que es el quinto operativo de este tipo realizado en Argentina en los últimos años.
La licenciada Carina Bernal resaltó el rol del trabajo colaborativo: “En estos casos participan fuerzas de seguridad provinciales, nacionales, organismos internacionales y empresas privadas. Es una red de cooperación para frenar un delito global”.
El operativo internacional contra abuso sexual infantil en San Luis dejó un mensaje claro: el delito digital no tiene fronteras, y combatirlo requiere cooperación judicial, tecnológica y política a nivel global.