Por Natalia Ciliento 
La infracción a la Ley 23.737 volvió a escena en la capital puntana con un operativo que dejó un detenido, más de tres kilos de marihuana secuestrados y una cifra que, puesta en contexto, expone la dimensión económica del circuito ilegal. El procedimiento se realizó el martes 10 de febrero por la noche, en calle Concarán al 800, bajo intervención del Juzgado Federal de San Luis.
No fue un control de rutina. Según fuentes oficiales, el despliegue formó parte de tareas investigativas enmarcadas en la denominada “Misión Sarmiento”, un esquema operativo que articula acciones preventivas y judiciales vinculadas a delitos federales. La escena fue precisa: interceptación en la vía pública, identificación del sospechoso y requisa. El resultado, ocho envoltorios compactados de marihuana con un peso superior a los tres kilogramos.
La cifra, en términos estrictamente numéricos, impacta. Pero lo que realmente llama la atención es la proyección que hicieron las autoridades: el material incautado permitiría la elaboración de 12.020 dosis, con un valor estimado de 48.080.000 pesos en el mercado ilegal. Son números que buscan dimensionar el alcance potencial de la sustancia, no solo en términos de consumo sino también de rentabilidad.
Infracción a la Ley 23.737 y mercado ilegal en San Luis
La Ley 23.737 regula los delitos vinculados al tráfico y comercialización de estupefacientes en todo el país. No distingue geografías: el encuadre es federal y las causas quedan bajo la órbita de la Justicia Federal, como en este caso. Tras el procedimiento, el magistrado interviniente ordenó el secuestro de la droga y la detención e incomunicación del individuo.
El punto central, más allá del operativo puntual, es el volumen. Tres kilos no responden al patrón de consumo individual. Hablan de una escala mayor, intermedia o superior, que se mueve en la frontera entre la distribución y la comercialización. En ese terreno, cada procedimiento es una pieza dentro de un tablero más amplio.
San Luis no es ajena a este tipo de causas. En los últimos años, los operativos por infracción a la Ley 23.737 se repiten con frecuencia creciente en la agenda policial y judicial. Las incautaciones varían en tamaño, pero el denominador común es el mismo: redes que funcionan en silencio y se activan en distintos puntos de la ciudad.
El valor estimado de más de 48 millones de pesos no es un dato menor. En un contexto económico complejo, la economía ilegal también se recalcula. Las cifras oficiales intentan poner en números un circuito que, de otro modo, se diluye en estadísticas abstractas. Cada dosis proyectada representa un potencial punto de distribución. Cada paquete compactado, una etapa previa en esa cadena.
“Misión Sarmiento” aparece como el paraguas operativo bajo el cual se articulan estas intervenciones. El nombre sugiere planificación, continuidad y coordinación entre fuerzas y Justicia. El procedimiento del martes se inscribe en esa lógica: investigación previa, seguimiento y acción puntual.