Por Natalia Ciliento 
La comunidad educativa de la Escuela Generativa Semilla, en la ciudad de La Punta, vive días de profunda conmoción. Tras la muerte de una estudiante, madres y padres denunciaron negligencia institucional, encubrimiento y abandono estatal.
Presentaron una nota formal ante el Ministerio de Educación de San Luis, reclamando respuestas y medidas concretas. En el documento —enviado también a este medio— los familiares relatan una cadena de irregularidades que incluye designaciones dudosas, favoritismos y presunto hostigamiento dentro de la escuela.
El reclamo apunta directamente a la directora Daiana Narciso, a quien acusan de haber actuado con desidia antes y después del fallecimiento de la joven. Según los denunciantes, Narciso accedió al cargo mediante “maniobras internas poco transparentes” dentro de la asociación civil que administra la institución, desplazando a la conducción anterior y rodeándose de allegados sin formación docente.
“La escuela se convirtió en un espacio de miedo y silencio”, señalan los padres en la nota. Aseguran que varios docentes fueron presionados para callar y que, incluso tras la tragedia, se intentó responsabilizar a maestros y alumnos en lugar de activar los protocolos de contención.
El escrito, firmado por la comunidad de familias de la Escuela Generativa Semilla, pide la destitución inmediata de la directora, la intervención del Ministerio de Educación y la remoción de la psicóloga institucional. También exigen acompañamiento psicológico externo y designaciones transparentes para las nuevas autoridades.
Ante la consulta de este medio, el director de Escuelas Autogestionadas, Generativas y Privadas, Alberto Lazo, confirmó que el Ministerio tomó conocimiento del reclamo y aseguró que “se dispondrá de un orientador/interventor con potestad para realizar las acciones necesarias para que los alumnos puedan finalizar su ciclo lectivo con todos los saberes”.
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La decisión de enviar un interventor intenta frenar la crisis institucional que hoy golpea a una comunidad educativa atravesada por el dolor y la desconfianza. Sin embargo, el anuncio no alcanza para calmar a las familias, que exigen acciones visibles, y sanciones concretas.