Por Natalia Ciliento 
La presentación del PANE Verano durante la reunión de gabinete dejó algo claro: el Gobierno provincial busca capitalizar políticamente la asistencia alimentaria antes del cierre del año, aunque lo maquille con palabras como “transparencia” y “eficacia”. La estrategia es conocida. El envoltorio es nuevo. La necesidad, en cambio, sigue siendo la misma.
El gobernador Claudio Poggi encabezó la presentación del programa y marcó el tono de un anuncio que intenta mostrar firmeza, planificación y, sobre todo, alcance masivo. Según precisó la secretaria del Programa Alimentario Nutricional Escolar, Laura Capaldo, el PANE Verano llegará a más de 105 mil estudiantes, es decir, al 100% de la matrícula provincial. En un contexto social áspero, esa cifra funciona como un escudo político y también como un mensaje: “estamos”. Aunque a veces “estar” no alcanza.
El programa contempla tres tipos de bolsones: uno general con 30 productos, uno especial para Centros de Desarrollo Infantil con la misma cantidad, y uno destinado a estudiantes celíacos con 15 productos específicos. La diferenciación aparece como un gesto técnico y necesario, pero a la vez expone una realidad silenciosa: la nutrición de los más chicos depende cada vez más de políticas paliativas y menos de soluciones estructurales.
La entrega se realizará entre el 1 y el 12 de diciembre, según la logística de cada establecimiento educativo. Funcionarios acompañarán el operativo para “garantizar transparencia”. Ese concepto —tan usado como desgastado— reaparece cada vez que un gobierno necesita blindarse ante cualquier sospecha, real o imaginaria. Y en San Luis, donde la memoria política es larga y detallada, no es un dato menor.
Los bolsones incluyen harina, aceite, azúcar, levadura, mate cocido, arvejas y otros productos básicos. También llegarán con recetas elaboradas por nutricionistas, una idea práctica que busca transformar la ayuda en una herramienta concreta para las familias. Aunque suene menor, es una forma de devolver poder en un escenario donde la necesidad suele recortar opciones.
El PANE Verano, como iniciativa, tiene impacto. Eso no se discute. Lo que sí se discute —y se discute fuerte— es el modo en que estas políticas se insertan en la narrativa gubernamental. El oficialismo presenta el programa como un gesto de planificación social. La oposición lo mira como un parche más, aunque difícil de cuestionar sin quedar atrapada en su propio silencio. La ciudadanía, en cambio, lo vive desde otro lugar: como un alivio, sí, pero también como una señal de que la crisis no se toma vacaciones.
En política, los tiempos importan. Que el anuncio llegue en noviembre, con la tensión económica acumulada y el fin de año en puerta, no es casual. El Gobierno intenta mantener ordenada la agenda pública y alineado al gabinete en un momento en el que el desgaste se nota. Presentar el PANE Verano en una reunión de ministros es una manera de mostrar cohesión. Aunque la cohesión, como la transparencia, necesita más hechos que fotos.
Mientras tanto, se promete que toda la información estará disponible en el sitio web oficial. En un mundo donde la confianza se erosiona rápido, la información clara y accesible no es un detalle: es una obligación.
El PANE Verano avanza con su lógica de asistencia masiva. La inversión es importante. El impacto social, mayor. El capital político, evidente. Lo que queda por ver es si este tipo de medidas serán parte de un plan más profundo o si, como tantas veces, quedarán archivadas una vez terminado el verano.