Por Redacción 
El Gobierno busca convertir la falta de vivienda en una política de Estado con recursos garantizados y control territorial.
En un gesto político fuerte y sin rodeos, el gobernador Claudio Poggi firmó este lunes el proyecto de ley de Emergencia Habitacional y lo envió a la Legislatura provincial para su tratamiento urgente. La medida es la respuesta institucional a los datos revelados por el plan ‘Tenemos Futuro’, en el cual se inscribieron 66.500 familias que declararon no tener vivienda o vivir en condiciones precarias.
Acompañado por el ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, Poggi dejó en claro que la provincia se hará cargo del déficit habitacional con una herramienta legal que trascienda gobiernos y garantice financiamiento real.
“Un 35% de la población tiene problemas habitacionales. No podemos mirar para otro lado”, expresó Bertolini con firmeza.
Un proyecto que busca saldar una deuda estructural
El proyecto plantea declarar Emergencia Habitacional por cinco años, con posibilidad de prórroga por parte del Ejecutivo. El objetivo es claro: que el último inscripto reciba una solución habitacional concreta, siempre que cumpla los requisitos legales.
Bertolini explicó que la crisis actual es el resultado directo de la falta de continuidad en las políticas habitacionales. Desde el año 2011, bajo una gestión anterior de Poggi, se construyeron 12.500 viviendas. Luego, según sus palabras, hubo un parate total. Actualmente, se están finalizando las 1.500 que quedaron inconclusas de la administración pasada.
“Pasaron más de diez años sin política habitacional sostenida. Hoy estamos viendo las consecuencias”, remarcó.
Presupuesto, tierras y validación: tres pilares del plan
Uno de los puntos más potentes del proyecto es que obliga a destinar el 50% del presupuesto de obra pública a soluciones habitacionales, con jerarquía de ley. No es una promesa; será una exigencia legal año tras año.
“La vivienda no puede depender del humor político ni del color partidario. Tiene que ser política de Estado”, afirmó Bertolini.
Además, la ley establece la realización de un censo provincial de tierras fiscales, sean estas nacionales, provinciales o municipales, para crear un banco de tierras útil y actualizado. Todas las áreas técnicas del Gobierno deberán aportar información para este fin, incluyendo Catastro y Propiedad Inmueble.
En paralelo, comenzará el proceso de validación de datos de los 66.500 inscriptos. Esta etapa durará al menos 90 días e incluirá cruces de información, pedidos de documentación respaldatoria y, en muchos casos, visitas socioambientales a los hogares para verificar lo declarado en los formularios online.
“Queremos garantizar que quienes realmente necesitan una vivienda accedan a ella. Esto no es sorteo ni clientelismo, es justicia social planificada”, sostuvo el ministro.
Emergencia no es debilidad, es decisión política
Bertolini insistió en que declarar la emergencia no implica improvisación ni fracaso, sino una posición firme para encarar una problemática compleja con herramientas reales y transparentes.
“Tomamos la decisión de enfrentar la crisis habitacional con hechos. No con discursos. No con promesas vacías”, sentenció.
Con esta medida, el Gobierno apuesta a institucionalizar la vivienda como derecho básico, avanzar en la planificación urbana y evitar que la falta de soluciones siga generando hacinamiento, informalidad y fragmentación social.
Natalia Ciliento