Por Natalia Ciliento 
Poggi se reunió con dirigentes del campo en un encuentro que dejó algo más que una foto institucional y un comunicado prolijo. Sobre la mesa aparecieron problemas conocidos, reclamos persistentes y una discusión de fondo que atraviesa a la producción rural: seguridad, infraestructura y el rol del Estado en territorios donde muchas veces llega tarde o no llega.
El gobernador Claudio Poggi recibió en su despacho a representantes de cinco entidades rurales que integran la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), un espacio que nuclea a productores de San Luis, Córdoba, La Rioja y Catamarca. El mensaje fue claro: el sector quiere soluciones concretas y reglas estables, no solo promesas de buena voluntad.
El encuentro reunió a dirigentes de las sociedades rurales del Río Quinto (Villa Mercedes), del Norte (Quines), del Rosario (La Toma), del Valle del Conlara (Concarán) y de la Asociación Agrícola Ganadera de Justo Daract. La presencia de funcionarios clave del Ejecutivo provincial marcó el tono de la reunión. Participaron la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, y el presidente de San Luis Agua, Hugo Guzmán Durán, dos áreas directamente vinculadas a los reclamos planteados.
La agenda no sorprendió, pero sí expuso la profundidad de los problemas. Seguridad rural, mantenimiento de caminos, infraestructura y modelos de financiamiento aparecieron como ejes centrales. Son temas que el campo viene señalando desde hace años y que, en contextos económicos ajustados, se vuelven todavía más urgentes.
Desde Cartez, su presidente Maximiliano Razzeto encabezó la delegación y puso en palabras una preocupación compartida por productores de distintas provincias. El delito rural, con robos de ganado, rotura de alambrados y vandalismo, ya no es un fenómeno aislado. A eso se suma el deterioro de caminos rurales, que impacta directamente en la producción, el transporte y la conectividad de las economías regionales.
El Gobierno provincial tomó nota. Así lo expresó el secretario de Gobierno, Francisco Trombotto, quien destacó el clima del encuentro y la dinámica del intercambio. Según explicó, la reunión se desarrolló en un marco de diálogo fluido, con planteos directos y sin rodeos. También se expusieron experiencias que los productores consideran exitosas y que podrían servir como referencia para San Luis.
Ahí aparece un dato político relevante. No se trató solo de enumerar problemas, sino de discutir modelos. En particular, se mencionaron dos casos que el Ejecutivo provincial evaluará en profundidad. Uno de ellos está vinculado a una ley vigente en Córdoba desde hace tres años, que aborda de manera conjunta la inseguridad rural y el mantenimiento de caminos, con una fuente de financiamiento específica.
Ese punto no es menor. En la discusión pública, muchas veces las soluciones se diluyen por falta de recursos o por esquemas normativos débiles. El modelo cordobés, según los dirigentes rurales, ofrece una estructura más avanzada, con participación del sector privado y respaldo legal. San Luis mira esa experiencia con atención, consciente de que no todo puede improvisarse.
Trombotto fue explícito al señalar que la intención es visibilizar esos modelos, analizarlos y adaptarlos a la realidad provincial. El objetivo, dijo, es encontrar un camino común entre lo público y lo privado. Traducido: evitar parches y avanzar hacia mecanismos sostenibles en el tiempo.
La reunión también dejó abierta la posibilidad de nuevas instancias de trabajo. El Gobierno planteó la necesidad de profundizar cada propuesta, discutir su viabilidad y, eventualmente, transformarlas en proyectos normativos. La Legislatura aparece en el horizonte como un actor clave si la discusión avanza hacia cambios legales.
En términos políticos, el encuentro se inscribe en una estrategia más amplia del Ejecutivo provincial. Poggi busca reconstruir vínculos con sectores productivos, mostrar escucha activa y diferenciar su gestión de etapas anteriores marcadas por decisiones más cerradas. El campo, históricamente crítico del centralismo y la falta de infraestructura, es un interlocutor sensible y con peso territorial.
Sin embargo, el desafío no está en la foto ni en el tono del diálogo. Está en la ejecución. El sector rural conoce de reuniones y promesas incumplidas. Por eso, más allá del balance positivo que dejaron las partes, la expectativa está puesta en los próximos pasos: si habrá proyectos concretos, plazos definidos y recursos asignados.
Mientras tanto, la discusión sobre seguridad rural y caminos vuelve a ocupar un lugar central en la agenda provincial. No es un tema nuevo, pero sí uno que define competitividad, arraigo y desarrollo. El campo no pide privilegios. Pide condiciones básicas para producir y vivir.
El encuentro dejó una señal política clara: el diálogo está abierto.
Hector Acosta