Por Redacción 
Bullrich y López firmaron un convenio para endurecer el régimen penitenciario. Aislamiento total, control férreo y cero impunidad para los reclusos más violentos.
En un giro contundente hacia una política penitenciaria más dura, el Gobierno Nacional y la provincia de Córdoba firmaron un acuerdo para trasladar a los presos más peligrosos al sistema del Servicio Penitenciario Federal (SPF). La decisión, impulsada por el Ministerio de Seguridad nacional a cargo de Patricia Bullrich, busca terminar con los focos de violencia y amenazas dentro de las cárceles cordobesas.
El convenio, firmado este jueves por Bullrich y el ministro de Justicia de Córdoba, Julián López, establece que aquellos reclusos considerados de “alta peligrosidad” serán derivados a cárceles federales, donde estarán «aislados, controlados y sometidos al régimen más estricto del SPF».
«Donde antes había impunidad, hoy hay ley y orden», escribió el Ministerio de Seguridad Nacional en su cuenta oficial de X (ex Twitter), dejando claro el tono del nuevo enfoque.
La medida apunta especialmente a quienes “siembran miedo y violencia dentro de los penales provinciales”, según destacó el comunicado oficial. A partir de ahora, estos internos ya no convivirán con la población general ni podrán seguir operando desde el encierro, como ha ocurrido en otros casos donde los penales se convirtieron en bases de operaciones criminales.
El Gobierno de Javier Milei, a través de sus ministerios de Seguridad y Justicia, viene promoviendo un endurecimiento en el sistema penitenciario con la promesa de “ordenar lo que el populismo dejó en ruinas”. Córdoba se convierte así en la primera provincia que firma un acuerdo de este tipo bajo la actual gestión.
Desde la Casa Rosada, el mensaje fue tajante: el nuevo régimen no busca rehabilitación, sino aislamiento, disciplina y control absoluto. “Los reclusos peligrosos pierden cualquier privilegio. No habrá concesiones. Esto no es una guardería, es una prisión de máxima seguridad”, señalaron fuentes oficiales.
El impacto de esta medida no es menor. Las cárceles cordobesas, que durante años enfrentaron sobrepoblación y problemas de gestión, se verán aliviadas. Pero, al mismo tiempo, el Estado nacional asume la responsabilidad de contener a una población carcelaria altamente conflictiva. No se descartan futuros acuerdos similares con otras provincias que atraviesan situaciones críticas.
Este paso marca un cambio de paradigma: el foco ya no está en garantizar derechos dentro de las cárceles, sino en asegurar el orden afuera. La lectura política es clara: Milei y Bullrich muestran músculo frente a un electorado que exige mano dura, mientras avanzan en su plan de reforma del sistema penal y penitenciario.
La noticia generó reacciones inmediatas en redes, donde el hashtag #PresosPeligrosos fue tendencia. Algunos aplaudieron la medida, otros advirtieron sobre los riesgos de profundizar un modelo punitivista sin atender causas estructurales.