Por Redacción 
El Ejecutivo incluirá un análisis de riesgo fiscal y deberá lograr un superávit mayor al esperado por el peso creciente de la deuda.
El Gobierno nacional ya trabaja en el Presupuesto 2026, que no será uno más. Estará marcado por una exigencia directa del Fondo Monetario Internacional (FMI): más ajuste, más superávit y reformas estructurales profundas.
En su último informe, el FMI reconoció que el Ejecutivo argentino cumplió las metas fiscales del programa vigente desde abril, incluso con mejores resultados de lo previsto. Pero eso no alcanzará para el año que viene. El organismo adelantó que, debido al incremento en los pagos por intereses de deuda, la Argentina necesitará cerrar el 2026 con un superávit primario del 2,2% del PBI, si quiere mantener el equilibrio fiscal.
Es un salto fuerte desde el actual objetivo de 1,6% y parte de una hoja de ruta consensuada con el Fondo. Según esa planificación, el nuevo presupuesto —que será presentado dentro de 40 días— incluirá por primera vez un análisis de perspectiva y riesgo fiscal, y una revisión del ancla fiscal para sostenerlo en el tiempo.
Uno de los cambios más fuertes: el Gobierno buscará institucionalizar el déficit cero mediante una nueva ley. La normativa vigente será reformulada para volverla más eficaz, funcional y duradera.
Además, se sumarán proyecciones fiscales de mediano plazo que contemplan una suba del superávit hasta el 2,5% del PBI hacia 2027. Este esquema se vincula directamente con la eliminación del cepo cambiario y la reapertura del país a los mercados internacionales.
En paralelo, la Casa Rosada avanza con la reforma impositiva, que será enviada al Congreso luego de las elecciones legislativas. Estará respaldada por el Banco Mundial y el BID, y se conocerán sus primeros borradores en diciembre.
Entre los principales ejes figuran:
Simplificar y hacer más equitativo el sistema tributario.
Revisar los impuestos distorsivos.
Racionalizar el gasto tributario, especialmente el vinculado al IVA.
Disminuir cargas sobre el comercio y las transacciones financieras.
La meta es que estos cambios entren en vigencia en 2026 y permitan reforzar el equilibrio fiscal sin dinamitar el gasto social prioritario ni la inversión pública.
El ajuste también alcanzará a los subsidios, que seguirán cayendo. Se buscará que las tarifas de gas y electricidad reflejen el costo real. Sólo quedará a salvo el fideicomiso de zonas frías. De 32 fondos fiduciarios, ya se cerraron 29 y el resto desaparecerá antes de fin de año.
El Presupuesto 2026 incluirá medidas para reforzar el control presupuestario, cerrar por completo los fondos extrapresupuestarios, evaluar el impacto en el empleo público y mejorar el uso de la caja. También se ampliará el sistema de información financiera a más organismos estatales.
En cuanto a las empresas públicas, se implementará un programa de privatización “transparente”, bajo supervisión técnica del BID. El FMI también recomienda reformar la ley de coparticipación para alinear mejor los incentivos fiscales entre Nación y provincias, y evitar rigideces que limitan el manejo del gasto.
La frutilla del postre: el staff del FMI sugiere una regla legal de déficit cero general antes de fin de 2026. También podría incluir cláusulas anticíclicas o anclas fiscales complementarias.
El próximo presupuesto no será solo una contabilidad pública. Es una hoja de ruta impuesta. Un compromiso político y económico con el Fondo Monetario.
Y, sobre todo, un mensaje para los mercados: el Gobierno se prepara para más ajuste, más control, menos gasto y más presión tributaria.