Por Natalia Ciliento 
El Ejecutivo municipal presentó este viernes ante el Concejo Deliberante el Cálculo de Gastos y Recursos para el ejercicio fiscal 2026. La iniciativa refleja un presupuesto equilibrado, con el objetivo de sostener la prestación de servicios y la inversión en infraestructura, aun en un contexto económico desafiante.
El presupuesto está compuesto por un 51% de recursos provinciales y un 49% de recursos propios. La distribución es clara: la mitad destinada a gastos de capital —adquisición de bienes, obras y mantenimiento de infraestructura— y la otra mitad a gastos corrientes, con foco en garantizar la prestación de servicios públicos de calidad.
El informe municipal revela, sin embargo, que los costos reales de los servicios superan ampliamente lo que abonan los vecinos. El agua potable, por ejemplo, cuesta $6.199 por vivienda, mientras que los usuarios pagan $4.140. En el alumbrado público, la diferencia es aún mayor: el municipio invierte $11.882,87 por vivienda, frente a un pago de $1.725 por parte de los vecinos.
Estos números evidencian la complejidad de la gestión: garantizar servicios esenciales requiere un subsidio significativo, pero también exige criterio político. No basta con publicar el presupuesto; es necesario que los recursos se traduzcan en servicios dignos, accesibles y eficientes para todos.
El debate político es inevitable. La transparencia es fundamental, pero también lo es la justicia social: un municipio equilibrado no puede comprometer la calidad de vida de sus vecinos. Presentar un presupuesto es un acto administrativo indispensable, pero la ciudadanía exige resultados concretos.
Más allá del contexto económico nacional, que afecta a todos los municipios, la gestión local debe equilibrar números y servicios, asegurando que la recaudación y los subsidios se traduzcan en agua potable constante, calles limpias, alumbrado seguro y espacios públicos accesibles.
En definitiva, el presupuesto 2026 es necesario para que el municipio funcione de manera ordenada, pero los vecinos necesitan más que cifras: requieren servicios que garanticen su dignidad y bienestar. Transparencia y eficiencia deben ir de la mano, porque recibir sin dar también tiene un costo social.