Por Natalia Ciliento 
Fueron allanados en San Luis dos beneficiarios del plan social acusados de intimidación pública. Les secuestraron escopetas y armas tumberas. Ya no perciben el beneficio.
Una investigación judicial por intimidación pública derivó en allanamientos simultáneos y la detención de dos preventores ciudadanos del Plan de Inclusión Social, a quienes se les secuestraron armas de fuego ilegales. La causa, que involucra amenazas contra la integridad de personas y edificios públicos, generó la inmediata baja de los implicados del programa estatal.
De amenazas públicas a escopetas: el trasfondo de una causa que sacude al Plan de Inclusión
Los allanamientos se realizaron en la ciudad capital, en los barrios República y 144 Viviendas, por orden del Juzgado de Garantía N°1 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo del Dr. Juan Manuel Montiveros Chada. Las medidas fueron ejecutadas por la Policía de San Luis y forman parte de una investigación que coordina la Fiscalía de Instrucción N°6, a cargo de la Dra. Linda Maluf Martínez.
En uno de los domicilios se encontró una escopeta calibre 28 no declarada y nueve cartuchos, mientras que en el otro se secuestró un arma de fabricación casera tipo tumbera, de uso claramente prohibido y extremadamente peligrosa.
De inclusión a exclusión: la reacción del Estado
Ambos implicados fueron desafectados del Plan de Inclusión Social. La decisión fue inmediata y se tomó en función de “conductas inapropiadas destinadas a alterar la paz social mediante amenazas agravadas por la portación ilegal de armas”, según fuentes oficiales. A partir de la medida, los exbeneficiarios ya no percibirán el subsidio.
El caso genera alarma por múltiples razones. En primer lugar, porque involucra a personas vinculadas a un programa cuyo objetivo es contener la exclusión y fomentar la integración laboral. En segundo lugar, por el peligro latente de la tenencia de armas no registradas, en el marco de un contexto social tenso.
Justicia en curso y armas bajo custodia
Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia provincial. La causa penal por intimidación pública agravada continúa su curso y se esperan nuevas resoluciones en los próximos días. Desde el Poder Judicial se confirmó que la portación de armas no registradas agrava el delito y refuerza las hipótesis de intención violenta detrás de los hechos.
El impacto del caso no es menor: se trata de personas que, bajo el paraguas del Estado, ocupaban funciones preventivas en el espacio público y que hoy están procesadas por conductas diametralmente opuestas a ese rol.
Palabras que inquietan, armas que alarman
Las amenazas, difundidas en espacios públicos y redes sociales, habrían sido expresadas con una fuerte carga de violencia simbólica y verbal. Al sumarse el hallazgo de armas, el escenario cambió drásticamente de lo discursivo a lo penal. Las investigaciones buscan ahora determinar si actuaban por cuenta propia o bajo alguna coordinación, y si hubo más implicados.
La sociedad espera respuestas claras, rápidas y firmes. Porque cuando quienes deben cuidar, amenazan; cuando quienes deben prevenir, portan armas; el Estado debe actuar sin demoras.
Hector Acosta