Prisión preventiva para el hombre de 72 años que tenía más de 2.500 archivos con pornografía infantil
La jueza Natalia Lazarte Otero ordenó la prisión preventiva de Eduardo Luis Bonilla, de 72 años, acusado de distribución de pornografía infantil tras un operativo internacional en San Luis. El imputado permanecerá 90 días detenido en el Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza la investigación.
El caso se desprende del operativo “Aliados por la Infancia V”, que incluyó allanamientos en la ciudad capital. En la vivienda de Bonilla, ubicada en el barrio 123 Viviendas, se encontraron más de 2.500 fotos y videos de abuso sexual infantil en computadoras, DVDs y pendrives.
La Fiscalía de Instrucción Penal de Género, Diversidad, Infancias y Adultos Nº 2, a cargo de Antonella Córdoba, lo imputó por facilitación, distribución y divulgación de representaciones de menores en actividades sexuales explícitas, agravado por la participación de víctimas menores de 13 años.
“Contamos con elementos de convicción suficientes respecto a la existencia del hecho y la autoría del imputado”, sostuvo Córdoba.
El material secuestrado
Del análisis inicial, 370 archivos corresponden a abusos sexuales severos, con descripciones explícitas de niños, niñas y adolescentes. Además, se constató que Bonilla compartió activamente 724 archivos en la red P2P BitTorrent, detectados en múltiples sesiones diarias y semanales.
Por ese motivo, la Fiscalía advirtió que el imputado no podía quedar bajo arresto domiciliario ni con tobillera electrónica, dado que los delitos se cometieron en el ámbito privado del hogar y aún resta peritar gran cantidad de pruebas digitales.
La defensa pidió prisión domiciliaria
La defensa oficial, a cargo de Estefanía Cifuentes Quiroga, solicitó que Bonilla cumpliera la medida en su casa por tratarse de un hombre mayor de 70 años con problemas de salud —enfermedades endocrinológicas e hipertensión— y por ser cuidador de su esposa de 82 años, enferma de Párkinson.
También alegaron que el acusado no posee conocimientos avanzados de informática, a pesar de haber usado aplicaciones complejas en sus dispositivos.
La fiscal Córdoba respondió: “No se trata de desatender la vulnerabilidad del señor y su edad ni la de su esposa, pero debe prevalecer la vulnerabilidad de los niños, que en este caso serían las víctimas”.
Finalmente, aclaró que el cuidado de la esposa de Bonilla quedó garantizado a través de sus hijas, por lo que no depende de la asistencia del imputado.