San Luis busca sostener el equilibrio fiscal y garantizar salarios ante la caída de ingresos nacionales. También enviarán una ley de emergencia habitacional.
El Gobierno de San Luis envió a la Legislatura un proyecto para prorrogar por dos años la emergencia económica, en un intento por sostener el equilibrio fiscal frente al brutal derrumbe de recursos nacionales.
La decisión se fundamenta en el contexto adverso generado por la caída de la coparticipación federal y otras transferencias automáticas, que representan más del 75% de los ingresos mensuales de la provincia.
“El 2025 es el peor año recaudatorio en una década”, advirtió la directora de Finanzas y Recursos, Eugenia Sosa Herrera, durante una conferencia de prensa brindada este miércoles. La funcionaria alertó que la situación afecta a todas las provincias, sin importar el signo político de sus gobernadores.
Sosa Herrera fue contundente: “No podremos alcanzar las metas de ingresos previstas. Habrá un presupuesto ajustado y con una economía más contraída”.
El proyecto enviado a la Legislatura mantiene puntos clave de la ley original, como la prohibición de crear nuevos cargos en la administración pública y en el Plan de Inclusión Social, con base en la planta de personal de noviembre de 2023.
También propone dar rango de ley a la reserva salarial y social, equivalente al pago de dos meses completos de sueldos de la administración pública y el Plan de Inclusión. Este fondo, según detalló la funcionaria, fue posible al eliminar gastos superfluos desde el inicio de la gestión.
No. Según Sosa Herrera, “todo lo que está previsto se va a hacer. Estas decisiones se toman justamente para cumplir con lo anunciado”.
Los programas de impulso a emprendedores siguen vigentes, y muchos beneficiarios ya comenzaron a devolver sus créditos. “Eso nos permite financiar nuevos proyectos”, agregó.
Además, el Ejecutivo anunció que enviará a la Legislatura una ley de emergencia habitacional, para dar respuesta a la demanda surgida tras el cierre de la inscripción al plan de viviendas ‘Tenemos Futuro’.
El texto incluirá una obligación explícita: destinar el 50% de la obra pública a la construcción de viviendas. “La vivienda llegó para quedarse”, afirmaron desde el gabinete.
También se lanzó el programa ‘TuBi Rural’, que entregará 762 bicicletas y kits de reparación a estudiantes de escuelas secundarias en 82 parajes del interior provincial. Las entregas comienzan este viernes y se completarán la semana próxima.
Durante las reuniones con ministros, intendentes y legisladores del Frente Ahora San Luis, el Gobernador Claudio Poggi dejó clara la consigna: blindar las cuentas para asegurar los salarios.
El ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, fue directo: “No veamos la emergencia como algo negativo. Queremos garantizar que ningún trabajador vuelva a sufrir un desdoblamiento salarial”.
Recordó que la gestión comenzó con una caja vacía y que la prioridad es proteger el empleo público.
“Lo que estamos haciendo es asegurar el futuro. Cuidamos el bolsillo del trabajador y apostamos a que la obra pública también se transforme en solución habitacional”, cerró el funcionario.