Por Natalia Ciliento 
El proyecto de ley contra el robo de cables firmado por Claudio Poggi busca frenar el mercado negro de metales no ferrosos con controles y sanciones estrictas.
El gobernador Claudio Poggi presentó un proyecto de ley contra el robo de cables y metales no ferrosos, elaborado junto a los ministerios de Seguridad y Desarrollo Productivo. La iniciativa responde al incremento de este delito, que afecta servicios esenciales como la electricidad y las telecomunicaciones, además de exponer a la población a graves riesgos de quemaduras y electrocución.
El texto apunta a frenar el mercado negro de cobre y otros metales, cuyo valor en alza los convierte en blanco de redes delictivas. De aprobarse, la norma regulará la actividad de todas las personas y empresas que operen, de manera permanente o eventual, con metales no ferrosos.
La autoridad de aplicación será la Dirección Provincial de Minería, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo. Este organismo ya cuenta con experiencia en identificación y control dentro del mercado de metales, lo que le permitirá implementar las medidas previstas.
Entre los ejes centrales, el proyecto de ley contra el robo de cables establece la creación de un Registro de Actividades Vinculadas a Metales No Ferrosos. Comerciantes, chatarrerías y fundiciones deberán inscribirse y documentar cada operación, incluyendo el origen, destino y datos de compradores y vendedores.
Un sistema de trazabilidad permitirá rastrear el movimiento de los metales, detectando operaciones ilícitas y cerrando el paso a transacciones sin respaldo legal. Además, la norma contempla inspecciones sorpresivas, decomisos y clausuras, así como multas equivalentes a hasta 5.000 litros de nafta. Los infractores podrán incluso ser inhabilitados para continuar con su actividad comercial.
La colaboración con las fuerzas de seguridad será clave. En casos de robo de cables, la autoridad de aplicación deberá dar inmediata intervención a la policía y al Ministerio Público Fiscal.
El proyecto también prohíbe la venta minorista de metales no ferrosos por parte de empresas de servicios públicos. Estas podrán registrar su infraestructura en un catálogo oficial para facilitar la identificación y recuperación de materiales sustraídos.
La iniciativa busca proteger la infraestructura crítica, garantizar la continuidad de servicios básicos y cortar el circuito ilegal que financia a organizaciones criminales. Según fuentes oficiales, este es un paso en línea con políticas de seguridad proactivas que ya se aplican en otras provincias para frenar este delito.
Con el proyecto de ley contra el robo de cables, San Luis aspira a blindar su red eléctrica y de telecomunicaciones, cerrando las vías de comercialización ilícita y aplicando un control exhaustivo sobre el mercado de metales