Por Natalia Ciliento 
El debate por la reforma constitucional en San Luis sumó un nuevo capítulo político e institucional. Tres concejales de Villa de Merlo solicitaron que la Cámara de Diputados provincial frene el tratamiento del proyecto y habilite previamente un proceso de consulta y participación ciudadana.
El Pedido de Comunicación fue presentado por Lucía Miranda, del Partido Justicialista; Daniel Orué, del Socialismo Merlino; y Ana Laura Ferrarotti, del Colectivo Comechingones.
Los ediles plantearon que una modificación de la Constitución provincial no debería avanzar únicamente dentro del ámbito legislativo, sino que debería incorporar instancias de discusión con distintos sectores de la sociedad.
El proyecto impulsado por el Gobierno provincial ya obtuvo media sanción del Senado y ahora deberá ser analizado por la Cámara de Diputados.
La discusión, por lo tanto, entra en una etapa decisiva.
Qué plantean los concejales de Villa de Merlo
El pedido presentado en el Concejo Deliberante busca que antes de continuar con el trámite legislativo se habiliten audiencias públicas y espacios de debate.
La propuesta incluye la participación de municipios, universidades, colegios profesionales, sindicatos, organizaciones sociales, entidades intermedias y vecinos.
El planteo tiene una dimensión política que excede la discusión de los artículos específicos. Los concejales sostienen que la Constitución establece las reglas fundamentales de funcionamiento institucional de la provincia y, por esa razón, su modificación requiere un nivel de consenso mayor.
Uno de los puntos centrales del reclamo es la autonomía municipal.
Desde Merlo consideran que cualquier modificación del régimen institucional provincial que pueda repercutir sobre los gobiernos locales debería contemplar la participación directa de los municipios.
La discusión adquiere particular relevancia para las ciudades que cuentan con estructuras políticas y administrativas propias y que deberán aplicar, eventualmente, las nuevas reglas institucionales.
El cambio del calendario electoral, uno de los puntos cuestionados
Entre los aspectos que generan reparos aparece la propuesta de modificar el sistema de renovación de los cuerpos legislativos.
Actualmente, la Cámara de Diputados y el Senado provincial se renuevan de manera escalonada. El proyecto plantea pasar a un sistema en el que ambas cámaras se renueven en su totalidad cada cuatro años, coincidiendo con la elección del gobernador.
El mismo esquema alcanzaría a los concejos deliberantes municipales.
Para concretar ese cambio, el proyecto incorpora una disposición transitoria que contempla extender hasta 2031 los mandatos de quienes fueron elegidos en 2025.
La intención es unificar los calendarios electorales y establecer, desde entonces, renovaciones cada cuatro años.
Para los tres concejales merlinos, no se trata de una modificación menor. Consideran que el cambio puede alterar la dinámica de representación política y los mecanismos de control sobre los gobiernos.
Y allí aparece uno de los principales argumentos del pedido: antes de modificar las reglas electorales e institucionales, sostienen que debería existir una discusión pública más amplia.
Una reforma que todavía no modifica la Constitución
El recorrido institucional del proyecto también requiere una aclaración.
Aunque la iniciativa consiga la aprobación de la Cámara de Diputados, la Constitución provincial no quedaría modificada automáticamente.
En ese escenario, se convocaría a una Convención Constituyente integrada por 52 representantes elegidos mediante voto popular.
Ese cuerpo tendría una competencia limitada a los temas habilitados previamente por la ley que declara la necesidad de reforma. Los convencionales podrían modificar esas cuestiones, mantenerlas tal como están o rechazarlas.
Es decir, la eventual aprobación legislativa abriría una nueva instancia del proceso.
La diferencia no es menor: la Legislatura habilita la reforma, pero sería la Convención Constituyente la que tendría la responsabilidad de discutir y resolver los cambios dentro del marco establecido.
Justicia, educación, tecnología y balotaje
El proyecto que actualmente se encuentra en discusión no se limita al sistema electoral.
La iniciativa contempla modificaciones relacionadas con el sistema judicial, incorpora disposiciones vinculadas con la educación y propone reconocer derechos relacionados con la tecnología y la conectividad.
También incluye el reconocimiento del agua como derecho humano y recurso estratégico.
Otro de los puntos planteados es la posibilidad de incorporar un balotaje para gobernador y vicegobernador, una modificación que podría cambiar las reglas de definición de las elecciones ejecutivas provinciales.
La amplitud temática de la propuesta explica, en parte, el reclamo de los concejales de Merlo por ampliar el debate.
No se trata de una reforma circunscripta a una sola cuestión institucional. Son numerosos los aspectos que podrían modificar el funcionamiento político, administrativo y social de la provincia.
La discusión ahora se traslada a Diputados
El Pedido de Comunicación será tratado en la próxima sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Villa de Merlo.
Mientras tanto, el proyecto de reforma constitucional aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados después de haber conseguido media sanción en el Senado.
La iniciativa ya abrió una discusión política que promete crecer a medida que avance el calendario legislativo.
El reclamo de los concejales merlinos introduce una pregunta de fondo: ¿cuál debe ser el nivel de participación ciudadana necesario para modificar las reglas fundamentales de una provincia?
La respuesta no estará solamente en el recinto legislativo. El proceso, si continúa, tendrá nuevas instancias y una eventual Convención Constituyente elegida por voto popular.
Por ahora, desde Merlo piden detener el ritmo del trámite y abrir el debate.
Hector Acosta