Por Hector Acosta 
Tras semanas de negociaciones con distintos sectores, el oficialismo cerró una versión definitiva de la reforma laboral que será debatida este miércoles en el Congreso. El texto incorpora 28 modificaciones respecto del proyecto original y el Gobierno confía en conseguir la aprobación durante el período de sesiones extraordinarias.
En la Casa Rosada aseguran contar con los votos necesarios para obtener la media sanción en el Senado y girar el proyecto a Diputados, donde el escenario aparece más complejo. Empresas, bancos y la CGT figuran entre los sectores que lograron introducir cambios relevantes en la redacción final.
Según detalló Walter Mañko, abogado y socio a cargo del área de Derecho Laboral y Seguridad Social de Deloitte, las modificaciones abarcan aspectos impositivos, sindicales, indemnizatorios y de registración laboral.
Cambios estructurales y concesiones
Uno de los puntos eliminados fue la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas del 30% al 27%, iniciativa que también generaba impacto sobre las cajas provinciales.
En materia salarial, se confirmó la obligatoriedad de la bancarización para el pago de sueldos y se descartó la posibilidad de utilizar billeteras virtuales. Además, la derogación de estatutos y regímenes especiales comenzará a regir 180 días después de la sanción de la ley.
El aporte solidario a los gremios se mantendrá durante dos años, con un tope del 2%, por debajo de lo que actualmente perciben algunos sindicatos (hasta el 4%). En paralelo, las empresas seguirán actuando como agentes de retención de cuotas sindicales.
Tampoco prosperó la reducción de las cargas patronales destinadas a obras sociales: la alícuota permanecerá en el 6% y no bajará al 5% como preveía el texto original.
Nuevas reglas de aportes y servicios esenciales
La norma fija topes del 0,5% para aportes a cámaras empresarias y del 2% para asociaciones de trabajadores. Desde el 1° de enero de 2028, estos aportes pasarán a ser voluntarios y requerirán consentimiento individual expreso.
Se incorporan como servicios esenciales estrictos el cuidado de menores y la educación en todos los niveles (desde guardería hasta secundaria y especial), el transporte de caudales y los servicios privados de seguridad. Las fuerzas de seguridad deberán garantizar el 100% de su prestación normal.
En el plano cultural, se establece que a partir de 2028 el INCAA será financiado exclusivamente a través de partidas del Presupuesto Nacional.
Indemnizaciones y actualización de créditos
Desde la óptica empresarial, uno de los cambios más significativos es la redefinición de la “mejor remuneración” para el cálculo indemnizatorio: solo se considerará lo mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos no mensuales como el aguinaldo o las vacaciones.
La indemnización se establece como única reparación ante despido sin causa y se fija un nuevo esquema de actualización de créditos laborales: IPC más 3% anual.
Además, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un patrimonio separado e inembargable destinado a cubrir costos de desvinculación. Las grandes empresas deberán aportar el 1% mensual y las MiPyMEs el 2,5%, con posibilidad de incremento si lo autoriza el Poder Ejecutivo con aval de la Comisión Bicameral.
Registración simplificada y modernización
El registro laboral ante ARCA será suficiente, sin que otras autoridades puedan exigir requisitos adicionales. Se habilita la digitalización de libros laborales con validez legal y obligación de conservación por diez años.
También se redefine qué conceptos pueden considerarse beneficios sociales no remunerativos (comedor, reintegros médicos, guardería, útiles, capacitación).
Se habilitan bancos de horas por acuerdo entre partes, el fraccionamiento de vacaciones con un mínimo de siete días y nuevas reglas para juntas médicas en casos de enfermedad.
Incentivos y prelación de convenios
El proyecto crea el Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) y el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), orientados a fomentar capacitación, reconversión productiva e inversiones tecnológicas.
Se prevé reducción de cargas sociales para nuevos empleos y se establece que un convenio colectivo de empresa en una provincia podrá prevalecer sobre uno de ámbito nacional.
En paralelo, el Ejecutivo anticipa la presentación de una futura reforma fiscal integral que promueva acuerdos Nación–Provincias para reducir la presión tributaria.
Natalia Ciliento