Por Redacción 
El recorte de derechos de exportación le costará al Estado 0,2% del PBI y, según expertos, su efecto sobre la producción será apenas marginal.
El gobierno de Javier Milei volvió a encender la polémica económica: anunció una reducción permanente de retenciones a la exportación para seis sectores clave del agro. La medida, celebrada por algunos representantes del campo, tendrá un alto costo fiscal y un efecto productivo limitado, según advierten informes privados.
El recorte alcanzó a la carne y el girasol —con una baja del 25%—, y al maíz, sorgo, soja y derivados —con una rebaja del 20%—. El Ejecutivo se comprometió a no revertir esta medida y aseguró que irá por la eliminación total de las retenciones “cuando haya espacio fiscal”.
Pero no todos aplauden.
0,2% del PBI en juego
Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), el costo fiscal del recorte equivale al 0,2% del Producto Bruto Interno. Una cifra que, según el propio informe, representa dos tercios del superávit financiero actual. En otras palabras: una medida cara para el Estado con poco retorno inmediato.
“El esfuerzo es enorme. El impacto productivo es chico”, resume el informe. El problema, para los economistas, es que la estructura impositiva argentina distorsiona la competitividad, y la baja en retenciones es apenas una parte del problema.
“Los derechos de exportación son un muy mal impuesto porque desalientan la producción”, recordó IDESA.
Más impuestos, menos producción
El informe agrega que la presión tributaria total entre Nación, provincias y municipios llega al 28% del PBI, y que los tributos más distorsivos representan el 7,4%. Entre ellos:
Derechos de exportación (1%)
Impuesto al cheque (1,6%)
Ingresos Brutos (3,9%)
Sellos (0,4%)
Tasas municipales (0,5%)
“Más de 1 de cada 4 pesos recaudados provienen de impuestos que dañan la competitividad”, denuncia el estudio.
Así, la baja de retenciones es un alivio parcial, casi simbólico para la producción real. Pero el fisco lo siente con fuerza.
Ganancias sí, retenciones no
Para Nadin Argañaraz, presidente del IARAF, el costo fiscal dependerá de si crece o no la producción exportable. Si la base imponible aumenta un 20%, el impacto se neutraliza. Pero si no hay respuesta inmediata del agro, el hueco fiscal será profundo.
Además, Argañaraz advierte que este tipo de medidas puede generar efectos secundarios positivos: más ganancias para el productor significan mayor recaudación por impuesto a las Ganancias e ingresos provinciales.
“Es un juego de equilibrios. Menos retenciones puede ser más producción y más impuestos por otras vías”, explicó.
Soja en caída y siembra en retroceso
El contexto no es alentador. Según CREA, la superficie sembrada con soja podría caer un 11,3% en la campaña 2025/26, lo que representa más de 2 millones de hectáreas menos.
David Miazzo, economista agropecuario, estima que la baja temporal de retenciones de junio costó unos USD 1.000 millones al Estado. Con el nuevo recorte permanente, el costo fiscal para lo que queda del año podría sumar entre USD 500 y 600 millones.
¿Alivio real o marketing político?
El anuncio del gobierno llega en medio de un contexto crítico: presión inflacionaria, recesión económica y una estructura fiscal frágil. Para el agro, el gesto puede ser bienvenido. Para el Estado, es un sacrificio riesgoso sin garantías de recuperación.
Natalia Ciliento