El Gobierno de San Luis, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y el Superior Tribunal de Justicia ultiman un convenio clave para acelerar juicios por accidentes y enfermedades laborales.
San Luis está dando un paso firme hacia la mejora del sistema judicial laboral. Este miércoles 30 de julio, el Gobierno provincial, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) iniciaron formalmente la elaboración de un convenio de cooperación tripartito que apunta a agilizar la tramitación de causas judiciales vinculadas a accidentes laborales y enfermedades profesionales.
La reunión se llevó a cabo con la participación del ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, la subdirectora de Relaciones Laborales, Ivana Balmaceda, y los ministros del STJ: Jorge Alberto Levingston (presidente), Eduardo Allende, Carolina Monte Riso y José Guillermo L’Huillier.
Este acuerdo se enmarca en la Ley provincial Nº V-1159-2024, mediante la cual San Luis adhirió a la Ley Nacional Nº 27.348, complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo. El objetivo es claro: proteger los derechos de las personas trabajadoras y brindar un servicio de justicia más rápido y eficiente.
Peritos especializados y asistencia técnica: los ejes del cambio
Uno de los ejes más innovadores del convenio será la creación de un cuerpo de peritos especializados en Riesgos del Trabajo, que permitirá una evaluación técnica más precisa y acelerará los procesos judiciales.
Además, el intercambio de información entre instituciones jugará un rol clave. El STJ podrá acceder a registros nacionales de accidentes, enfermedades laborales y datos judiciales de las ART, mientras que la SRT contará con credenciales para consultar expedientes donde sea parte interesada.
Como refuerzo técnico, la SRT aportará asistencia médica especializada gratuita mediante su Departamento de Asesoramiento Técnico, cuyos profesionales podrán actuar como peritos o consultores en los juicios.
Capacitación y financiamiento: pilares del nuevo sistema
El convenio contempla además la capacitación específica para jueces, funcionarios y peritos médicos, con el fin de unificar criterios en la determinación de incapacidades y mejorar la calidad de las resoluciones.
Este sistema no sólo será técnicamente más sólido, sino que contará con un respaldo económico: la SRT podría financiar los gastos operativos del nuevo esquema pericial a través de recursos provenientes del Fondo de Garantía de la Ley de Riesgos del Trabajo.
El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años, con renovación automática por igual período, lo que garantiza continuidad y proyección a largo plazo.
San Luis busca una justicia laboral más rápida y eficaz
Con esta iniciativa conjunta, San Luis se posiciona como referente en modernización judicial laboral, promoviendo un sistema más transparente, ágil y centrado en las víctimas de accidentes y enfermedades de origen laboral.
Este avance representa una respuesta concreta a una demanda histórica: que las personas trabajadoras no deban esperar años para obtener justicia.