San Luis debate su justicia

 ¿Convergencia o conflicto entre la reforma del Gobierno y la del Superior Tribunal?

Mientras el Gobierno provincial impulsa una reforma puntual al Código Procesal Civil y Comercial, el Superior Tribunal de Justicia propone una transformación estructural del sistema judicial. Ambas buscan una justicia más ágil, pero ¿coinciden en el cómo? Esta nota expone sus similitudes, diferencias y la incógnita central: ¿habrá trabajo conjunto o caminos paralelos?

En la provincia de San Luis, el debate por la modernización de la justicia se vuelve cada vez más intenso. Por un lado, el Superior Tribunal de Justicia (STJSL) presentó una reforma integral orientada a rediseñar la estructura del Poder Judicial mediante Oficinas de Gestión Unificada (OGU) y procesos centrados en la oralidad. Por otro lado, el Poder Ejecutivo, a través de la Legislatura, impulsa una reforma al Código Procesal Civil y Comercial con foco en limitar las demoras judiciales y acotar las denominadas “medidas para mejor proveer”.

Ambas iniciativas coinciden en lo esencial: acelerar los tiempos de los procesos judiciales, mejorar la eficiencia del sistema y garantizar el derecho constitucional al dictado de sentencias en plazos razonables. Sin embargo, las diferencias son notorias en el enfoque, la profundidad de los cambios y los actores involucrados.

Dos modelos, dos estrategias

La propuesta del STJSL, formalizada mediante el Acuerdo N.º 171-STJSL-SA-2025, no modifica leyes procesales, sino que reestructura la gestión interna de los tribunales. Promueve la separación de tareas jurisdiccionales y administrativas, asigna personal capacitado a nuevas áreas especializadas y busca que el juez se concentre exclusivamente en dictar justicia. Además, se acompaña de un plan de capacitación y de un ciclo intensivo de formación para transformar la cultura organizacional.

En contraposición, la reforma del Gobierno provincial modifica directamente los artículos 34, 36 y 167 del Código Procesal Civil y Comercial. Impone plazos específicos para dictar resoluciones y sanciona severamente el incumplimiento, incluyendo la pérdida automática de jurisdicción por parte del juez que no cumpla con los términos legales. También regula estrictamente las medidas para mejor proveer, permitiendo su uso solo una vez por instancia, con plazos y fundamentos obligatorios.

Puntos de coincidencia

• Ambas reformas tienen fundamento en el derecho internacional de los derechos humanos y en la necesidad de garantizar el acceso efectivo a la justicia.

• Se orientan a reducir la mora judicial, una problemática creciente según los datos estadísticos oficiales.

• Comparten un diagnóstico: el modelo actual es lento, burocrático y poco eficiente para los desafíos de una sociedad moderna.

 Diferencias clave

• Alcance: La del STJSL es estructural y transversal, mientras que la del Gobierno es sectorial y normativa.

• Estrategia: El STJSL apuesta a la gestión unificada y profesionalización interna, mientras que el Ejecutivo propone sancionar la ineficiencia con pérdida de competencia y nulidad de sentencias fuera de término.

• Participación: La reforma judicial del Gobierno tuvo fuerte participación de los colegios de abogados, mientras que la del STJ fue diseñada con expertos en gestión judicial y magistrados.

¿Se escucharán mutuamente?

Aquí surge la gran pregunta política e institucional: ¿Trabajarán en conjunto el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial?

Hasta el momento, no se ha expresado una posición clara de colaboración. La propuesta del STJSL fue interrumpida por una medida judicial en 2024 (luego revocada en 2025), lo que evidenció cierto grado de tensión entre poderes. Sin embargo, el nuevo escenario abre una oportunidad: ambas reformas son complementarias, y podrían potenciarse si se articulan correctamente.

Desde distintos sectores del foro local se señala que la sinergia entre una justicia bien gestionada (como propone el STJ) y normas claras y exigentes (como impulsa el Ejecutivo) es el camino hacia una verdadera transformación.

San Luis está frente a una coyuntura histórica en materia judicial. La ciudadanía, cada vez más exigente, espera una justicia cercana, rápida y confiable. Las reformas están sobre la mesa, pero la diferencia estará en si los poderes del Estado las enfrentan como rivales o las integran como aliadas.

Una modernización profunda solo será posible si se reconocen las fortalezas de cada propuesta y se construye un nuevo pacto de institucionalidad judicial. El reloj ya está corriendo.