Por Natalia Ciliento 
La Justicia dejó sin efecto las fianzas y prisiones preventivas de los seis imputados en la causa por la transferencia errónea de más de $510 millones en San Luis.
La causa por la multimillonaria transferencia errónea realizada por el Gobierno de San Luis a una cuenta personal sigue su curso, aunque con novedades judiciales relevantes. Este lunes, se conoció que la Justicia provincial decidió dejar sin efecto las fianzas y las prisiones preventivas impuestas a los seis imputados en el expediente.
El hecho ocurrió a comienzos de mayo, cuando Verónica Acosta recibió en su cuenta de Mercado Pago la suma de $510.236.811, transferidos por error desde el sistema financiero del Estado provincial.
Tras recibir el dinero, Acosta habría realizado compras y efectuado múltiples transferencias a familiares, quienes también quedaron involucrados en la causa judicial.
Todos los acusados enfrentan cargos por defraudación especializada, uso indebido de tarjeta de débito, fraude a la administración pública y retención indebida.
Inicialmente, en la audiencia imputativa se fijó una fianza de $30 millones en total, es decir, $5 millones por cada imputado, además de ordenar prisiones preventivas mientras avanzaba la investigación.
No obstante, el abogado defensor de Acosta, Hernán Echeverría, informó que la Justicia decidió desestimar esas medidas restrictivas, argumentando que no hay riesgo procesal.
Según el letrado, el origen del conflicto se encuentra en una “operación bancaria, aparentemente errónea o automatizada, sin participación dolosa activa” por parte de los acusados.
A pesar de la resolución judicial, el proceso de investigación continúa vigente y el procesamiento de los imputados sigue firme, a la espera de nuevas medidas probatorias o resoluciones judiciales.
Este caso ha generado fuerte repercusión en la provincia de San Luis, tanto por la magnitud del monto transferido como por el involucramiento de ciudadanos comunes en un hecho que pone en cuestión los controles del sistema financiero del Estado.
El futuro procesal de los acusados dependerá del avance de la investigación y de la eventual calificación definitiva que adopte la Justicia en las próximas instancias.