Por Redacción 
El Concejo Deliberante aprobó la prohibición total de los lavacoches. La norma, impulsada por el intendente Hissa, contempla multas, denuncias y hasta capacitaciones obligatorias.
Uno de los hechos políticos más relevantes de la semana tuvo lugar en el corazón institucional de la ciudad de San Luis. Después de meses de debate, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que prohíbe de manera explícita la actividad de trapitos y lavacoches en la vía pública.
El proyecto fue impulsado por el intendente Gastón Hissa el pasado 9 de abril y, tras casi cuatro meses de tratamiento en comisiones, fue sancionado por amplia mayoría. El Boletín Oficial Municipal confirmó la promulgación este viernes 1° de agosto, dándole carácter oficial a una de las normativas más polémicas del año.
Qué dice la ordenanza
La nueva norma consta de ocho artículos y prohíbe el cobro de cualquier retribución económica por lavado, cuidado o vigilancia de vehículos en la vía pública, ya sea por parte de adultos o menores.
El artículo 1 es contundente: no se permite ningún tipo de actividad de «cuidadores de vehículos», “lavacoches” o “trapitos”. Define a estos como personas que ofrecen el servicio en la vía pública, a cambio de dinero, sin estar habilitados ni regulados.
En el artículo 2, se establece que la justicia contravencional podrá actuar de inmediato ante la infracción. Quienes incumplan podrán ser retenidos para su identificación. También podrán ser sancionados los conductores que accedan al servicio.
Las multas van de 200 a 500 Unidades Monetarias Municipales, lo que equivale a entre $20.336 y $50.840 según el valor actual. Si se trata de reincidencia, el monto se duplica. En caso de menores de edad, la sanción se transfiere al tutor legal.
Sistema de denuncias y control del espacio público
La línea 147 del Sistema Único de Reclamos quedará habilitada para que los vecinos denuncien situaciones vinculadas a esta actividad. La ordenanza obliga a que las denuncias sean atendidas con rapidez y eficacia por las áreas correspondientes.
El artículo 4 aborda la participación de menores, exigiendo la intervención de la Defensoría de Menores y de la Policía de la Provincia para resguardar su integridad.
Sanciones, convenios y asistencia social
La ordenanza autoriza al Ejecutivo municipal a celebrar convenios con el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría de Menores para agilizar los procesos y garantizar la intervención del Poder Judicial.
También contempla una dimensión social: si la persona infractora se encuentra en estado de vulnerabilidad, deberá intervenir la Secretaría de Vinculación y Cercanía con el Vecino. Se prevé la articulación con provincia y nación para promover programas de asistencia.
Capacitación en oficios: la salida propuesta
El artículo final de la ordenanza promueve la creación de un Programa de Capacitación laboral. Se trabajará en conjunto con universidades e instituciones educativas para dictar talleres de oficios y brindar alternativas reales a quienes se vean alcanzados por la norma.
Una medida que divide aguas
Mientras algunos sectores la celebran como una medida de orden público, otros la critican por su posible impacto sobre personas que subsisten informalmente. Sin embargo, desde el Ejecutivo aseguran que el objetivo es ordenar el uso del espacio público, garantizar seguridad y ofrecer herramientas de reinserción social.
El intendente Hissa ya había adelantado que avanzaría con “decisiones firmes” para recuperar la convivencia en la ciudad. Con esta norma, su administración deja en claro que el control del espacio público está en agenda y llegó para quedarse.
Natalia Ciliento