Por Redacción 
El Concejo Deliberante aprobó la ordenanza impulsada por el intendente Hissa, con el respaldo del oficialismo y el rechazo del PJ.
El Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis aprobó este jueves una ordenanza que prohíbe la actividad de trapitos y lavacoches en la vía pública. La normativa fue impulsada por el intendente Gastón Hissa, tras una reunión con la ministra de Seguridad Nancy Sosa, en respuesta a reiterados reclamos de comerciantes y vecinos.
La votación se concretó con el apoyo del bloque oficialista Por San Luis, que logró ocho votos afirmativos, mientras que los concejales del Partido Justicialista decidieron levantarse del recinto antes de emitir su voto, como gesto de rechazo político y cuestionamiento procedimental.
Qué establece la ordenanza
La norma prohíbe “toda actividad en relación al servicio de lavado, estacionamiento o custodia de vehículos en la vía pública a cambio de una retribución económica”, más allá de cómo se denomine informalmente (trapitos, cuidacoches, lavacoches).
Además, define claramente a las personas involucradas como “quienes ofrecen servicios de vigilancia, lavado o cuidado de rodados en la vía pública, o actividades similares”.
Ante la detección de esta práctica, la Municipalidad podrá:
Retener a los infractores hasta su identificación,
Comunicar el caso al Juzgado de Faltas y a la Justicia Contravencional,
Aplicar multas de entre 200 y 500 Unidades Monetarias Municipales (UMM).
En caso de reincidencia, las sanciones se duplican. Si el infractor es menor de edad, la multa se traslada a sus padres o tutores.
Protección de menores y abordaje social
Uno de los ejes más destacados de la ordenanza es la intervención de organismos de protección en caso de que niños, niñas o adolescentes estén involucrados. En esos casos, deberán actuar:
La Defensoría de Menores del Poder Judicial,
Y la Policía de San Luis, a través de su área específica.
También se habilita la actuación de la Secretaría de Vinculación y Cercanía con el Vecino para asistir a personas en situación de vulnerabilidad social o económica. La ordenanza establece la posibilidad de convenios con Provincia y Nación para implementar programas de inclusión.
Se crea además un Programa de Capacitación en Oficios y Labores, destinado a ofrecer alternativas formativas a quienes realizaban estas tareas informales.
Debate caliente y cruce político
El proyecto fue defendido en el recinto por el concejal oficialista Mario Silvestri, quien sostuvo: “Debemos regular lo que sucede en el espacio urbano”.
Enumeró problemas generados por esta práctica:
Amenazas a conductores,
Violencia física,
Disputas territoriales entre cuidacoches,
Cobros paralelos en zonas de estacionamiento medido.
Silvestri señaló que su equipo relevó a más de 100 personas ejerciendo esta actividad, incluidos menores presionados por adultos. Su compañera de bloque, Lizbeth Huatay, agregó que el reclamo de los vecinos “es constante, especialmente en zonas comerciales”.
La oposición abandonó el recinto
Aunque participaron en el debate en comisión, los concejales del PJ no votaron la ordenanza. Afirmaron que el texto “condena la vulnerabilidad social” y que los despachos no fueron correctamente trabajados en comisión. Decidieron abandonar la sesión antes de la votación como gesto de desacuerdo político.
A pesar de las objeciones, el proyecto fue aprobado con despacho final de la Comisión de Legislación e Interpretación, presidida por Silvestri, y trabajado también por la Comisión de Seguridad.
El Ejecutivo capitalino reforzará la aplicación de la norma con la línea 147, donde se podrán realizar denuncias específicas sobre incumplimientos.
Natalia Ciliento