Por Redacción 
La Cámara de Diputados aprobó la reforma impulsada por Poggi para combatir las demoras judiciales. La ley busca fallos en tiempo razonable y mayor control a jueces.
Este miércoles, la Cámara de Diputados de San Luis aprobó con 24 votos afirmativos el proyecto de ley enviado por el gobernador Claudio Poggi que busca ponerle freno a la mora judicial. La reforma introduce cambios clave en el Código Procesal Civil y Comercial con un objetivo claro: fallos más rápidos, menos burocracia, y jueces responsables.
Un cambio profundo que ya está en marcha.
La media sanción es parte de un paquete más amplio que incluye la eliminación de la feria judicial. Todo apunta a que San Luis deje de ser rehén de expedientes eternos y resoluciones que nunca llegan.
La Justicia lenta también es injusticia.
El diputado Christian Gurruchaga, encargado de fundamentar el dictamen por mayoría, explicó que la reforma se basa en dos pilares:
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Plazo razonable: que toda persona sea escuchada y reciba respuesta en tiempo justo.
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Celeridad procesal: que el sistema funcione sin demoras innecesarias.
Se terminó el uso abusivo de herramientas que alargan procesos.
Una de las claves del proyecto es limitar el uso de las “medidas para mejor proveer”, que ahora solo podrán dictarse una vez por instancia, con un plazo de 15 días hábiles prorrogables por única vez. Si un juez las usa para dilatar sin justificación, podría ser removido, como lo indica la Ley del Jurado de Enjuiciamiento.
Menos excusas, más control.
Si un magistrado no puede cumplir con los plazos para dictar sentencia, deberá notificar al Superior Tribunal con 10 días de anticipación. Este podrá otorgar una prórroga de hasta 15 días. Si no cumple, pierde la causa, que será reasignada. La regla es clara: no hay lugar para jueces lentos o ineficientes.
Justicia para los ciudadanos, no para el sistema.
“Cada expediente representa una familia, un trabajador, un menor que necesita una respuesta urgente”, remarcó Gurruchaga. También destacó que esto beneficiará a los abogados jóvenes, que ven sus ingresos postergados por la lentitud judicial.
Esto no es simbólico: es una transformación.
El diputado Carlos “Charly” Pereira fue más allá: “Este es el inicio de una transformación estructural del Poder Judicial. Es un contrato político y social que asumimos con la gente”.
La reforma también aplica a causas en trámite.
Se aplicará automáticamente a los juicios iniciados tras su publicación en el Boletín Oficial, y también podrá utilizarse en causas en curso, siempre que no hayan comenzado los plazos con la norma anterior.
La oposición quedó en evidencia.
Pereira también cuestionó con dureza al bloque opositor, al que responsabilizó por 16 años de parálisis judicial, designaciones a dedo de fiscales, y la politización del sistema. “Con ustedes no. No son parte de la solución”, lanzó.
Los jueces deben volver a ganarse la confianza de la sociedad.
Una encuesta de la Fundación FISAL ya lo había anticipado en 2014: el 70% de los sanluiseños no confiaba en los jueces. “La mora judicial es una denegación de justicia”, sentenció Pereira.
La pelota ahora está en el Senado.
El proyecto espera su tratamiento en la Cámara Alta. Si se aprueba, San Luis dará un paso decisivo hacia una justicia moderna, ágil y con plazos que se cumplan. Una deuda histórica que empieza a saldarse.
Natalia Ciliento