Por Natalia Ciliento 
El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, firmó un decreto clave que modifica el Decreto Reglamentario 945-MHP-2009 de la Ley de Catastro (V-0597-2007), con el propósito de fortalecer la defensa del patrimonio estatal. Esta medida responde a una advertencia de la Dirección de Catastro y Tierras Fiscales, que detectó un aumento preocupante en la registración de planos de mensura vinculados a prescripciones adquisitivas sobre terrenos sin inscripción o fiscales.
Desde ahora, todo acto de mensura que tenga como fin iniciar una prescripción adquisitiva sobre inmuebles del Estado o sin titular registrado deberá ser notificado a Fiscalía de Estado con al menos 20 días hábiles de antelación. Esta decisión tiene como objetivo prevenir la apropiación indebida de bienes públicos y garantizar transparencia en cada paso del procedimiento.
La nueva normativa obliga al profesional agrimensor a cumplir un proceso riguroso que incluye:
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Notificación fehaciente a Fiscalía de Estado, detallando lugar, fecha y hora del acto de mensura, junto con los datos del inmueble involucrado.
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Aviso formal a propietarios afectados, colindantes y terceros interesados, también con un mínimo de 20 días hábiles de anticipación.
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Publicación de edictos durante dos días hábiles consecutivos, tanto en el Boletín Oficial y Judicial de la provincia como en un diario de circulación provincial.
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Plazo límite de 30 días hábiles para ejecutar la mensura desde la fecha de inicio.
Además, se establece que la vigencia de cada mensura será de dos años desde su registración provisoria en la Dirección de Catastro. Esta vigencia es fundamental para su presentación en juicios por prescripción adquisitiva cuando se trate de inmuebles de dominio privado del Estado o terrenos lindantes a bienes estatales.
El decreto deja en claro que la inconcurrencia a un acto de mensura no implica pérdida de derechos de propiedad o posesión, tanto en vía administrativa como judicial. Sin embargo, la notificación temprana será una herramienta esencial para que el Estado pueda investigar y tomar acciones preventivas cuando se intente tomar posesión de inmuebles sin un título claro.
Este avance normativo no solo robustece el marco legal existente, sino que brinda mayor seguridad jurídica y delimita con claridad los procedimientos a seguir. En una provincia donde el crecimiento urbano y las disputas por terrenos se intensifican, esta reglamentación marca un antes y un después.
En resumen, el Gobierno de San Luis toma una postura firme: la propiedad del Estado se protege, se respeta y no puede ser vulnerada por maniobras poco claras.