Por Redacción 
El Gobierno presentó dos proyectos de ley: uno para crear una Reserva Salarial y Social, y otro para declarar la emergencia habitacional y cumplir con el plan “Tenemos Futuro”.
San Luis entra en una nueva etapa de blindaje fiscal y compromiso social. Este martes, el Gobierno provincial elevó a la Legislatura dos proyectos de ley clave que buscan reforzar las finanzas públicas y atender una deuda social histórica: el acceso a la vivienda.
La primera iniciativa propone prorrogar la Ley de Emergencia Económica por dos años más. El motivo es la brusca caída de recursos nacionales por coparticipación y transferencias automáticas, que en 2025 llegarán a su peor nivel en una década. Como respuesta, el Ejecutivo propone crear una Reserva Salarial y Social, equivalente a dos meses de sueldos y planes sociales, para evitar sobresaltos ante cualquier crisis de liquidez.
“La idea es proteger el salario de los trabajadores del Estado y de los beneficiarios del Plan de Inclusión”, explicó el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain. Aclaró que la medida busca asegurar, por ley, la continuidad de los pagos ante cualquier contingencia económica que sufra la provincia.
A su vez, se ratifican dos pilares del ajuste fiscal: el congelamiento de la planta de personal estatal y el freno al ingreso de nuevos beneficiarios al Plan de Inclusión. El objetivo es “cuidar peso por peso” los recursos públicos sin comprometer los servicios esenciales, según remarcaron desde el Ejecutivo.
⚠️ Pero las urgencias no se agotan en la caja.
El segundo proyecto, de Emergencia Habitacional, responde a los alarmantes datos del cierre del registro del plan ‘Tenemos Futuro’. Más de 66.504 grupos familiares, es decir 190.761 personas, se inscribieron en busca de una solución habitacional. Esto representa nada menos que un tercio de la población de San Luis.
“La anterior gestión abandonó la construcción de viviendas. No teníamos datos certeros y recién ahora sabemos el tamaño real de la necesidad”, expresó el ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini.
Frente a ese diagnóstico, el Gobierno propone redirigir el 50% del presupuesto de obra pública al plan ‘Tenemos Futuro’, para responder a esa demanda masiva. También se creará una Secretaría de Estado de Política Habitacional, que funcionará dentro del Ministerio de Desarrollo Humano. Esta nueva estructura no implicará nombramientos extra, sino una reorganización del equipo ya existente.
Además, se realizará un relevamiento de terrenos fiscales de dominio privado en todo el territorio provincial. La intención es identificar suelo disponible para avanzar rápidamente con soluciones habitacionales.
La batería de medidas fue analizada en una reunión de gabinete ampliada, encabezada por el gobernador Claudio Poggi en el Salón Malvinas Argentinas. Allí, el mandatario remarcó que al asumir encontró “reservas inexistentes” y que muchas decisiones del gobierno anterior dejaron al Estado “al borde de la implosión”.
El Gobierno busca así blindarse ante las turbulencias económicas sin abandonar el rol social del Estado. La jugada es clara: garantizar estabilidad salarial y responder con hechos al drama de la vivienda.
Natalia Ciliento