San Luis registra la peor caída de coparticipación y transferencias en más de una década

Durante el primer semestre de 2025, San Luis recibió menos recursos por coparticipación y transferencias automáticas que en cualquier otro año de los últimos once.

Así lo indican los últimos datos de la Comisión Federal de Impuestos, que advierten una caída real del 8,90%, una cifra que posiciona al presente ejercicio como el peor de toda la serie histórica reciente.

Esta situación afecta de forma directa a la ejecución presupuestaria, ya que el 80% de los ingresos de la provincia dependen de este tipo de transferencias del Estado Nacional. Las proyecciones no son alentadoras: la tendencia contractiva persistirá en el segundo semestre, acentuando la brecha con respecto a los niveles históricos.

La caída golpea en un contexto ya debilitado
Los informes técnicos toman como referencia la evolución de los recursos en moneda constante. Los valores actuales, ajustados por inflación, se ubican por debajo incluso de los registros del año 2020 –afectado por la pandemia– y del 2024, que fue considerado uno de los peores años fiscales por la contracción económica.

Si se excluyen esos dos ejercicios atípicos, el retroceso alcanza el 8,90% frente a los niveles normales y habituales. Pero incluso si se los incluye, la caída acumulada real ronda el 7,40% respecto al promedio de la década.

En valores comparables, esto significa que San Luis tendrá en 2025 menos fondos que en cualquier otro año desde 2014. Ni siquiera en el contexto pandémico –cuando se recibieron recursos extraordinarios vía Anticipos del Tesoro Nacional– se vio un desplome de tal magnitud.

Impacto en las cuentas provinciales
El presupuesto aprobado para 2025 preveía metas de recaudación basadas en escenarios macroeconómicos más optimistas. Sin embargo, la combinación de inflación alta, estancamiento productivo y menor actividad económica nacional ha reducido considerablemente la base imponible de la recaudación federal.

Esto afecta no solo a San Luis, sino al conjunto de las provincias argentinas. Pero en el caso puntal de esta jurisdicción, la dependencia de recursos automáticos es alta, lo que vuelve más visible y grave el impacto.

¿Qué significa esto para la provincia?
En términos prácticos, la caída de ingresos podría traducirse en reajustes en el gasto público, reprogramación de obras, menor disponibilidad para políticas sociales y reducción de fondos para municipios. A esto se suma la creciente necesidad de financiamiento alternativo, como los convenios con organismos nacionales o multilaterales, y un uso más riguroso del gasto.

Si no hay una mejora en los niveles de transferencia, la provincia enfrentará restricciones importantes en la segunda mitad del año, tanto para cumplir compromisos operativos como para sostener programas ya en marcha.