A casi un año de su creación, el Consejo de Mayo sesionó por primera vez en Casa Rosada. No hubo anuncios concretos, pero se estableció el plan de trabajo hacia diciembre.
Este martes, en la Casa Rosada, se desarrolló la primera sesión del Consejo de Mayo, organismo creado para traducir en políticas públicas los 10 puntos del Pacto de Mayo, firmado el 9 de julio de 2024 en Tucumán. Aunque no se definieron medidas concretas, el encuentro permitió establecer la metodología y frecuencia de trabajo.
La reunión se realizó en el Salón de los Escudos, encabezada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y contó con la asistencia de los seis consejeros representantes del Ejecutivo, Legislativo, provincias, sindicatos y sector empresarial.
Estuvieron presentes el ministro Federico Sturzenegger, por el Ejecutivo; los legisladores Cristian Ritondo y Carolina Losada; el gobernador mendocino Alfredo Cornejo; el titular de la UOCRA Gerardo Martínez; y el presidente de la UIA Martín Rappallini.
Los consejeros acordaron reuniones mensuales hasta diciembre, cuando se espera que el Consejo produzca un documento con propuestas legislativas y reformas para ser tratadas en el Congreso. En paralelo, cada sector trabajará con equipos técnicos en propuestas específicas.
La vocera del encuentro, Carolina Losada, anticipó que el documento final incluirá los 10 temas acordados en el Pacto: propiedad privada, equilibrio fiscal, reducción del gasto público, educación, reforma tributaria, laboral, previsional, coparticipación, explotación de recursos y apertura comercial.
Martínez, por su parte, dejó clara la postura sindical: “No hay lugar para reducir derechos de los trabajadores”. Y advirtió que la CGT no cederá en su posición sobre una eventual reforma laboral.
En el mismo sentido, Rapallini (UIA) subrayó: “No proponemos quitar derechos, sino modernizar el sistema laboral. El objetivo es construir consensos productivos”.
El Consejo de Mayo fue creado como un espacio consultivo no vinculante, sin remuneraciones, y con la función de generar iniciativas legislativas sin erogaciones al Estado.