Por Hector Acosta 
Gendarmería Nacional incautó más de 3.300 kilos de marihuana en Misiones en el marco del Plan Guacurarí. La operación refuerza el relato oficial sobre seguridad, pero plantea interrogantes sobre la política criminal a largo plazo.
Droga, persecución y un búnker: la historia detrás del megaoperativo
Un operativo de película terminó con la incautación de 3.393 kilos de marihuana en la provincia de Misiones. El procedimiento, a cargo del Escuadrón 49 “San Vicente” de Gendarmería Nacional, se desarrolló en el marco del Plan “Guacurarí”, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Todo comenzó sobre la ruta nacional N°14, cuando dos hombres intentaron embestir un puesto de control a bordo de una motocicleta. Tras la colisión, uno de ellos se dio a la fuga hacia una vivienda —que funcionaba como supuesto búnker— y arrojó una mochila con cinco paquetes de cannabis sativa.
El dato clave llegó con el allanamiento autorizado por el Juzgado Federal de Oberá, donde los gendarmes encontraron 158 bultos con un total de 4.679 “ladrillos” de marihuana, con un peso final de 3.393 kilos y 80 gramos.
¿Golpe al narcotráfico o mensaje para la tribuna?
El hallazgo representa, sin dudas, un fuerte impacto operativo en la lucha contra el narcomenudeo y el tráfico transfronterizo. Pero también alimenta el relato de eficacia y mano dura que promueve el gobierno de Javier Milei, especialmente desde el Ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich.
El Plan “Guacurarí” —nombrado en honor al caudillo guaraní Andrés Guacurarí Artigas— se presenta como una política integral para reforzar el control en zonas calientes del Litoral. Sin embargo, los resultados aislados no bastan para demostrar una estrategia sólida a largo plazo.
Seguridad o propaganda: el dilema de los megaoperativos
Cada imagen de “ladrillos” apilados, cada dron sobrevolando un búnker, cada video editado para redes sociales forma parte de una narrativa: el Estado como fuerza de orden inflexible. Pero en paralelo, se mantienen las rutas del narcotráfico, los vínculos locales y la pobreza estructural que permite que existan estos espacios.
El dueño del domicilio allanado —con antecedentes por infracción a la Ley 23.737— fue identificado a través de documentos hallados en el lugar, junto a un GPS transmisor. Un hallazgo técnico importante, pero también un recordatorio de que la cadena delictiva muchas veces se reconstruye desde lo más visible: el eslabón más débil.
¿Qué sigue?
El operativo fue exitoso en términos policiales. Pero el análisis político exige ir más allá: ¿hay inversión real en prevención y educación? ¿O la motosierra sólo corta estructuras sociales mientras fortalece el brazo armado del Estado?
Mientras el gobierno nacional afianza su política de “tolerancia cero”, los territorios siguen siendo caldo de cultivo para economías ilegales. Y cada búnker derribado necesita más que un posteo en redes: necesita una política pública.
Redacción