Villa de Merlo: conflicto por la planta de reciclaje tras el desalojo de la cooperativa

El municipio tomó el control directo de la planta por “pérdidas insostenibles”. Los trabajadores denuncian un desalojo forzado y exigen respuestas.

La Villa de Merlo vuelve a ser epicentro de un conflicto con fuerte impacto social y político. Esta vez, el foco está en la Planta de Reciclado Municipal, donde trabajadores de la cooperativa Recuperadores Merlinos denuncian un desalojo forzado por parte del Ejecutivo local, mientras que la municipalidad asegura haber asumido el control directo del espacio por razones económicas y legales.

Todo comenzó este jueves, cuando el intendente interino Leonardo Rodríguez comunicó a uno de los trabajadores que debían abandonar el galpón ubicado en el Parque Industrial, donde funciona el centro de reciclado. La reacción fue inmediata: los integrantes de la cooperativa resolvieron permanecer en el lugar y convocaron a la comunidad para resistir la medida.

En paralelo, la Municipalidad de Villa de Merlo difundió un comunicado oficial en el que sostiene que “toma el control directo y la gestión integral de la Planta de Reciclado Municipal, tras evidenciarse pérdidas económicas insostenibles derivadas de su administración actual”.

Según el parte de prensa, la planta era gestionada desde hace años por la cooperativa en un galpón alquilado —propiedad del señor Ricardo Labat— y todos los gastos operativos (alquiler, luz y salarios) eran afrontados por el municipio. Sin embargo, se acusa a la cooperativa de ineficiencia e informalidad financiera, lo que habría llevado a “pérdidas recurrentes”.

“Los recursos públicos requieren una gestión responsable y eficaz”, afirma el comunicado oficial, que también detalla un conflicto legal: el galpón se encuentra en proceso de desalojo judicial por parte de su propietario, quien además mantiene una disputa penal con el presidente de la cooperativa.

La decisión municipal incluye:

• Asumir el control pleno de la Planta, eliminando pérdidas económicas.

• Reorganizar el funcionamiento bajo gestión directa municipal.

• Solicitar la devolución inmediata de instalaciones y maquinarias entregadas en óptimas condiciones.

• Permitir que la cooperativa retire sus bienes sin trabas.

El texto también reconoce “el esfuerzo histórico de los recuperadores urbanos”, pero aclara que la medida busca garantizar una gestión sustentable, eficiente y legal del reciclado.

Sin embargo, la posición de los trabajadores contrasta duramente. En diálogo con este medio, denunciaron que nunca recibieron fondos directos del municipio, y que el único ingreso proviene de la venta de materiales reciclados. “Nos están desalojando sin diálogo. No nos dieron ninguna alternativa. Esto es injusto”, afirmó una de las voceras de la cooperativa.

Además, señalaron que la acción municipal desconoce el trabajo territorial que vienen realizando desde hace años, y que afecta de lleno a varias familias que viven de esa actividad.