Concejales opositores impulsan un proyecto que refuerza el derecho al acceso a la información contable en el Municipio. Buscan sancionar a funcionarios que obstaculicen controles, incorporar asesores técnicos y evitar conflictos de interés
En un nuevo capítulo del debate por la transparencia institucional, concejales de la oposición en Villa de Merlo presentaron un proyecto de ordenanza que apunta a garantizar el acceso a la información contable municipal y reforzar los mecanismos de control legislativo sobre la gestión pública.
La iniciativa fue firmada por los ediles Daniel Orue, Ana Laura Ferrarotti, Gastón Fonseca y Virginia Morales, quienes manifestaron que el proyecto surge como respuesta a fallas estructurales en el cumplimiento de la normativa vigente, especialmente la ordenanza 1174-HCD, que desde 2009 obliga al Ejecutivo a presentar balances trimestrales al Concejo Deliberante.
“Muchas veces los informes llegan incompletos, fuera de plazo, o simplemente no se presentan. Además, nos restringen el acceso: no podemos tener asesores ni tomar registros, lo que impide ejercer un control efectivo”, señalaron.
Puntos clave de la ordenanza propuesta:
Establecer días y horarios fijos para el acceso a la documentación.
Autorizar la presencia de asesores técnicos en los procesos de revisión.
Permitir la toma de fotografías y copias de los documentos contables.
Prohibir que familiares directos de funcionarios integren comisiones de control.
Aplicar sanciones graduales a quienes obstaculicen el acceso: desde apercibimientos públicos hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Los concejales resaltaron que la rendición de cuentas es un derecho ciudadano, y que esta propuesta busca devolverle al cuerpo legislativo herramientas reales para cumplir su rol institucional. “El acceso transparente a la documentación pública no puede depender de la voluntad política del gobierno de turno”, argumentaron.
El proyecto podría generar nuevos cruces con el oficialismo, aunque en varias oportunidades ambos sectores coincidieron en reclamar al Ejecutivo mayor agilidad en la presentación formal de los balances y la ejecución presupuestaria.