Por Redacción 
Por primera vez en su historia, la Justicia de Madagascar ordenó la castración quirúrgica de un hombre hallado culpable de violar a una niña de seis años y de intentar asesinarla.
La medida se aplica en cumplimiento de una ley promulgada en 2024, que autoriza este tipo de penas extremas para abusadores sexuales de menores.
El fallo fue emitido por un tribunal del municipio de Imerintsiatosika, tras un juicio en el que se comprobó la responsabilidad penal del agresor, cuya identidad no fue revelada por motivos legales. Además de la castración, el tribunal le impuso cadena perpetua.
La sentencia fue informada por la agencia Reuters, que consultó fuentes judiciales y del Ministerio de Justicia local. El fiscal general del Tribunal de Apelaciones, Didier Razafindralambo, justificó la decisión al afirmar que se trata de un “mensaje claro para cualquiera que tenga intenciones maliciosas similares”.
Una ley polémica que busca frenar un flagelo creciente
La nueva legislación fue impulsada a raíz del alarmante aumento de delitos sexuales contra menores en Madagascar. Solo en 2023 se denunciaron 673 casos de violación infantil, mientras que en enero de 2024 se registraron al menos cuatro por día, según datos oficiales del Ministerio de Justicia.
El Parlamento aprobó en 2024 la castración quirúrgica como pena legal, argumentando que se trata de una herramienta de disuasión ante la escalada de crímenes sexuales contra niños y niñas, especialmente en contextos marcados por la pobreza estructural y la explotación infantil.
Según explicó el Ministerio, la droga y la pobreza han convertido a muchos menores en blanco de agresores sexuales que, hasta ahora, enfrentaban penas insuficientes para frenar el problema.
La ONU y los organismos de derechos humanos advierten
La medida adoptada por Madagascar ha generado repercusiones internacionales. Desde 2022, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU viene advirtiendo sobre la creciente prostitución infantil, la cual —según su informe— se ha trivializado en el país africano y ocurre a la vista pública en bares, hoteles, discotecas y salones de masajes.
En muchos casos, la propia pobreza familiar empuja a los niños y niñas a estas situaciones de abuso, ya que algunas familias ofrecen a sus hijos a cambio de dinero, alimento o techo.
La ONU y diversas ONG internacionales han condenado el uso de la castración quirúrgica, calificándola de “cruel, inhumana y degradante”, y exhortaron a implementar políticas preventivas integrales basadas en educación, protección social, contención psicológica y acceso a la Justicia.
¿Solución ejemplificadora o castigo inhumano?
La castración quirúrgica como pena penal no es una práctica exclusiva de Madagascar. Algunos países de Europa del Este, como República Checa y Alemania, han autorizado esta medida bajo consentimiento del acusado o en determinados contextos.
No obstante, organismos de derechos humanos insisten en que tales penas violan tratados internacionales y que no existen pruebas concluyentes sobre su eficacia para reducir delitos sexuales. Argumentan que el enfoque debería estar en prevención, educación sexual, fortalecimiento de los sistemas judiciales y cuidado de la niñez.
En Madagascar, sin embargo, las autoridades insisten en que la medida “tiene como objetivo dar una señal clara a la sociedad” y reducir el índice creciente de violaciones y explotación infantil. Mientras tanto, la comunidad internacional debate si la decisión sienta un precedente ejemplificador o una peligrosa normalización del castigo físico extremo.
Hector Acosta