Por Natalia Ciliento 
El Senado de Paraguay avanzó con el juicio político contra el presidente Santiago Peña y lo convocó para este viernes, cuando deberá presentar sus argumentos ante la Cámara Alta. El proceso se inició a raíz de presuntas irregularidades y conflictos de intereses vinculados con la crisis de Ueno Bank, una entidad financiera intervenida por problemas de solvencia.
La etapa acusatoria concluyó durante la jornada del jueves y los senadores reanudarán el procedimiento por la mañana. Peña confirmó que concurrirá al recinto para ejercer su derecho a la defensa, en un escenario político marcado por las protestas sociales y las investigaciones penales abiertas por la crisis bancaria.
El mandatario había anunciado horas antes, mediante un video publicado en la red social X, que renunciaba a la presidencia para preservar la estabilidad y las instituciones democráticas. Sin embargo, ambas cámaras parlamentarias rechazaron aceptar su dimisión y el Senado resolvió continuar con el juicio político.
La defensa de Peña y el posible desenlace del juicio político
A través de sus redes sociales, el presidente paraguayo anticipó que se presentará ante los legisladores para responder a las acusaciones.
“Ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la república”, expresó.
El titular del Senado, Basilio Núñez, confirmó que Peña comparecerá este viernes ante la Cámara Alta.
Para destituir formalmente al mandatario se necesitan dos tercios de los votos del Senado. Si es declarado culpable, además de perder la presidencia, Peña quedaría inhabilitado para acceder a la condición de senador vitalicio que la Constitución paraguaya contempla para los expresidentes.
Esa situación también implicaría la pérdida de la inmunidad parlamentaria, lo que permitiría avanzar con eventuales actuaciones penales si la Fiscalía presenta cargos en su contra.
Ueno Bank, el origen de la crisis política
El detonante del proceso es la situación de Ueno Bank, una entidad financiera digital intervenida esta semana por el Banco Central de Paraguay debido a problemas de solvencia.
La crisis dejó a millones de depositantes con dificultades para acceder a sus ahorros y generó preocupación entre jubilados, trabajadores y personas que percibían sus salarios a través de la entidad.
El impacto también alcanzó al sector laboral. Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, el colapso afectó alrededor de 7.000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos del banco y de empresas vinculadas.
El Ministerio Público, por su parte, abrió tres investigaciones penales relacionadas con la crisis financiera. Las actuaciones incluyen denuncias que involucran al presidente y a otros funcionarios.
Ocho ejecutivos y altos cargos de la entidad fueron detenidos, entre ellos el presidente de Ueno Bank, Juan Manuel Gustale, y Federico Miguel Vázquez, quien fue CEO y socio comercial de Peña hasta hace poco tiempo.
Los vínculos entre Peña y la entidad financiera
Uno de los puntos centrales de las acusaciones es la relación comercial que existió entre el mandatario y la estructura empresarial vinculada a Ueno Bank. Hasta el año pasado, Peña tenía participación en una empresa relacionada con la sociedad matriz de la entidad.
La controversia también alcanza al Banco Central, organismo responsable de supervisar el sistema financiero. Durante el gobierno de Peña, Carlos Carvallo, quien había presidido Financiera Ueno —antecesora de Ueno Bank—, fue designado al frente de la autoridad monetaria.
Según publicó el diario paraguayo ABC Color, en junio los inspectores del Banco Central habían detectado operaciones crediticias de alto riesgo con empresas vinculadas a los propietarios de la entidad. Las observaciones señalaban que algunos préstamos habrían superado los límites legales y no contaban con garantías suficientes.
Peña había minimizado esas advertencias y, el mes pasado, salió públicamente en defensa de Ueno Bank y de la tarea de supervisión del Banco Central. En esa oportunidad, calificó las preocupaciones como parte de una campaña de desprestigio destinada a generar alarma en la población.
Fondos públicos y ahorros de los depositantes
La dimensión de la crisis también está relacionada con la cantidad de clientes y los recursos depositados en la entidad.
De acuerdo con los datos difundidos en la información sobre el caso, hasta septiembre dos de cada tres paraguayos eran clientes de Ueno Bank. La entidad administraba además depósitos por aproximadamente 850 millones de dólares provenientes de fondos públicos.
De ese total, unos 380 millones correspondían al Instituto de Previsión Social, organismo estatal encargado del sistema de pensiones y salud.
La intervención del banco generó incertidumbre entre los depositantes y provocó manifestaciones en Asunción. En algunas protestas se registraron enfrentamientos con la Policía y al menos una persona resultó herida.
Protestas y ruptura política en Paraguay
La crisis también provocó un fuerte impacto dentro del oficialismo. El Partido Colorado, al que pertenece Peña y que ha gobernado Paraguay durante décadas, dejó de respaldar al mandatario en medio del avance del juicio político.
Incluso Horacio Cartes, expresidente del país y referente político de Peña, respaldó el proceso y sostuvo que la fuerza no acompañaría lo que calificó como un “saqueo” de fondos públicos y privados.
Mientras tanto, trabajadores vinculados a Ueno Bank se manifestaron frente al Ministerio de Trabajo para reclamar el pago de salarios e indemnizaciones. Algunos de ellos quemaron sus tarjetas de crédito y exigieron que el proceso de destitución continúe.
La situación mantiene a Paraguay frente a una crisis institucional y financiera cuyo desenlace dependerá de la decisión del Senado. Este viernes, la presentación de Peña ante los legisladores será una instancia central de un proceso que podría modificar la conducción política del país.