Por Natalia Ciliento 
Una mujer fue imputada por el delito de extorsión, acusada de amenazar a un hombre con difundir capturas de una videollamada íntima si no realizaba transferencias de dinero. La Justicia formalizó los cargos y dispuso medidas de coerción por un plazo de 90 días. La imputada continuará el proceso en libertad.
La formulación de cargos estuvo a cargo de la fiscal adjunta Antonella Romagnoli, integrante de la Fiscalía de Instrucción N.º 4. Según la investigación, el episodio ocurrió durante la madrugada del 28 de octubre de 2022, cuando la mujer habría contactado al denunciante mediante un perfil falso de Facebook identificado como «Mariana Ortega».
Cómo habría sido la maniobra de extorsión
De acuerdo con la acusación fiscal, durante una videollamada de contenido sexual, la mujer le habría pedido al hombre que encendiera la luz para obtener capturas de pantalla de la comunicación.
Posteriormente, habría utilizado esas imágenes para exigirle transferencias de dinero, bajo la amenaza de publicarlas en redes sociales si no cumplía con sus pedidos.
Ante el temor de que el material íntimo fuera difundido, el denunciante realizó una transferencia a través de Mercado Pago, cuyo destino estaría vinculado con la acusada.
La investigación permitió identificar a la sospechosa
La investigación contó con la intervención de la Unidad de Cibercrimen y el análisis de registros aportados por la compañía telefónica Claro.
Según lo expuesto por la Fiscalía, las tareas realizadas permitieron establecer que la línea telefónica y los perfiles de redes sociales utilizados para intimidar al denunciante pertenecían a la mujer imputada.
Estos elementos fueron presentados durante la audiencia en la que se formalizaron los cargos.
Las medidas judiciales por 90 días
El juez de Garantía N.º 3 de San Luis, Marcos Flores Leyes, tuvo por formulados los cargos y dispuso las medidas de coerción solicitadas por la Fiscalía.
La mujer, que se abstuvo de declarar y cuenta con la representación de la defensora oficial Agustina Tobares, permanecerá en libertad mientras avanza el proceso judicial.
Sin embargo, durante los próximos 90 días deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
- Firmar el libro de imputados entre los días 1 y 10 de cada mes.
- No salir de la provincia, salvo que cuente con autorización judicial por razones de salud o familiares.
La causa continúa abierta y la Fiscalía espera incorporar nuevos informes técnicos y documentación financiera para avanzar con la investigación.
La imputación no implica una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal de la acusada deberá determinarse durante el proceso judicial.