Por Hector Acosta 
Una escena de máxima tensión se vivió esta mañana cuando un policía armado protesta en Casa Rosada y denuncia corrupción en la PFA, frente a la reja perimetral de Balcarce 50. El hecho activó de inmediato los protocolos de seguridad de la Casa Militar.
El episodio comenzó a las 10:40 de este miércoles 4 de febrero. El Cabo Miguel Ángel Montiel se presentó uniformado, con su arma reglamentaria, y se apostó frente al ingreso principal. En sus manos llevaba una pancarta con reclamos dirigidos a la propia institución.
El efectivo presta servicio en la Comisaría del Ferrocarril Belgrano Norte. Según trascendió, su protesta apunta a presuntas irregularidades internas vinculadas a los servicios de policía adicional.
De acuerdo a su denuncia, existiría una maniobra con “empleados fantasmas” en operativos pagos. Es decir, se facturarían más efectivos de los que realmente cumplen funciones. La acusación es directa y grave.
Fuentes cercanas al reclamo señalaron que “dicen que hay 30 efectivos y en realidad hay 5”. En consecuencia, el dinero restante “va a caja”, en referencia a una presunta recaudación ilegal por parte de superiores.
La presencia de un uniformado armado a metros del despacho presidencial encendió las alarmas. Aunque no se reportaron incidentes violentos, la situación obligó a reforzar el perímetro. Además, se activaron mecanismos de contención interna para evitar una escalada.
El hecho no pasó desapercibido entre quienes circulaban por la zona. Turistas, trabajadores y transeúntes registraron la escena con sus celulares. En cuestión de minutos, las imágenes comenzaron a viralizarse.
El trasfondo del reclamo expone una problemática histórica dentro de distintas fuerzas de seguridad: la gestión de los servicios adicionales. Estos operativos, generalmente contratados por empresas privadas o eventos, implican pagos extra para los efectivos asignados.
Sin embargo, cuando existen desvíos o irregularidades, el impacto no es solo económico. También erosiona la credibilidad institucional. En este caso, la denuncia habla de una supuesta estructura organizada para inflar listados y apropiarse del excedente.
Hasta el momento, la Policía Federal Argentina no emitió un comunicado oficial detallado sobre la protesta. No obstante, fuentes internas confirmaron que se inició un procedimiento administrativo para evaluar la situación del cabo.
El contexto agrava el escenario. Una protesta individual puede transformarse rápidamente en un problema político cuando ocurre frente a la Casa Rosada. El simbolismo del lugar potencia cualquier mensaje.
Además, la condición de efectivo armado suma un componente sensible. Aunque portaba su arma reglamentaria como parte del uniforme, la imagen generó inquietud. Por eso, la Casa Militar actuó con rapidez.
El reclamo, sin embargo, plantea interrogantes de fondo. ¿Existen auditorías independientes sobre los servicios adicionales? ¿Cómo se controla la asignación y pago de efectivos? ¿Qué mecanismos internos garantizan transparencia?
Por ahora, el caso se mantiene bajo seguimiento. No trascendió si el efectivo será pasado a disponibilidad preventiva. Tampoco se informó si habrá una investigación formal sobre las denuncias.
Mientras tanto, el episodio deja una señal clara. Cuando un integrante de la propia fuerza decide exponer presuntas irregularidades en la puerta del poder político, el conflicto deja de ser interno.
La tensión bajó con el correr de las horas. No se registraron enfrentamientos ni detenciones. Sin embargo, el impacto institucional permanece.
El caso del policía armado protesta en Casa Rosada y denuncia corrupción en la PFA abre un nuevo capítulo en la discusión sobre controles y transparencia en las fuerzas de seguridad. La respuesta oficial será clave para determinar si se trata de un reclamo aislado o la punta de un problema mayor.
En un escenario político sensible, cualquier señal de fractura interna en una fuerza federal genera preocupación. Por eso, las próximas horas serán determinantes.
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Natalia Ciliento