Por Natalia Ciliento 
La sesión extraordinaria en La Punta dejó una escena política clara, tensa y con efectos concretos. Los expedientes fueron aprobados por mayoría, sin el acompañamiento del bloque justicialista, que decidió no votar alegando el artículo 50 del reglamento interno y afirmando que no serían “cómplices de un delito”.
La decisión no fue menor. Tampoco neutral. Porque mientras el oficialismo avanzó con el tratamiento y aprobación de los expedientes incluidos en el orden del día, la oposición eligió retirarse de la votación, omitiendo deliberadamente el artículo 58 del mismo reglamento, que habilita el tratamiento sobre tablas cuando existe mayoría de votos de los presentes.
En la sesión extraordinaria en La Punta, el argumento del bloque justicialista se apoyó exclusivamente en el artículo 50, que establece que en este tipo de sesiones se tratan los temas planteados y marcados en la orden del día. Sin embargo, dicho artículo no prohíbe el tratamiento sobre tablas. Esa prohibición no existe en su redacción.
Lo que sí existe —y no fue mencionado— es el artículo 58, Capítulo VII, que establece con claridad que ningún asunto puede tratarse sobre tablas sin el voto de la mayoría de los concejales presentes.
Aquí aparece el primer dato político fuerte. Si el reglamento se invoca como bandera, debe leerse completo. No por partes. No según conveniencia. Porque trabajar “a reglamento” implica asumir todas sus reglas, incluso las que no favorecen el discurso propio.
Los expedientes aprobados incluyeron la ordenanza tarifaria, que establece un aumento del 33% en la Unidad Monetaria Municipal. Además, se definió un incremento aún mayor en el CUM para las viviendas, un punto sensible que impacta de manera directa en la economía cotidiana de los vecinos.
Este aumento no surge en el vacío. Tiempo atrás, el Municipio difundió el documento “Cuentas Claras”, donde expuso el panorama financiero que enfrenta la administración local y los motivos por los cuales solicita la actualización de tarifas. Ese material buscó contextualizar la situación económica, los costos operativos y la necesidad de recomponer ingresos para sostener servicios.
Sin embargo, durante la sesión extraordinaria en La Punta, el bloque justicialista sostuvo que la información era insuficiente y que no estaban dispuestos a avalar el tratamiento. La decisión fue no votar. No acompañar. Y, sobre todo, elevar el tono, al afirmar que hacerlo los convertiría en “cómplices de un delito”.
Ese concepto marcó un quiebre. Porque cuando se habla de delito en el recinto, la discusión deja de ser técnica y pasa a ser política e institucional. Pero también exige precisión. Si hay delito, debe denunciarse. Si no lo hay, la palabra pierde peso y se transforma en consigna.
Desde una mirada editorial, el problema no es solo el aumento tarifario ni el mecanismo de la sesión. El problema es la coherencia institucional. No se puede exigir legalidad citando un solo artículo y silenciar otro que habilita el procedimiento aplicado. No se puede reclamar transparencia parcial.
La sesión extraordinaria en La Punta mostró dos estrategias claras. Un oficialismo que avanzó con mayoría, respaldado por el reglamento completo. Y una oposición que eligió el repliegue discursivo, priorizando el impacto político y comunicacional por sobre la discusión normativa integral.
Legislar no es performar para redes sociales.
No es construir clips.
No es redactar frases de alto voltaje sin respaldo completo.
Legislar es asumir responsabilidades. Para bien o para mal. Para el corto plazo o el largo. Para el aplauso o el costo político. Pero siempre para el bien común.
Porque cuando el reglamento se convierte en herramienta selectiva, deja de ser norma y pasa a ser excusa. Y en política, las excusas también tienen consecuencias.