“Bastías realmente me estafó”: la explosiva denuncia contra el concejal del PJ de una madre que terminó endeudada tras confiar en el dirigente de La Punta

Una mujer denunció haber pagado una costosa reparación que, según afirma, jamás se realizó. La causa fue archivada y asegura que el entorno político del acusado terminó condicionando todo el proceso.

Lo que comenzó como una simple reparación mecánica terminó convertido en una historia de bronca, impotencia y sospechas. Silvia Garro, vecina de San Luis, decidió contar públicamente el calvario que vivió luego de confiarle su vehículo a un mecánico identificado como Martín Matías. Según su relato, pagó cerca de 1,8 millones de pesos por un supuesto arreglo integral del motor, pero asegura que el trabajo “nunca se hizo”.

La denuncia no solo expone una presunta estafa mecánica. También deja al descubierto un escenario mucho más delicado: audios, videos, una causa archivada y una fuerte tensión política alrededor del acusado, quien —según explicó la damnificada— no sabia que era concejal.

Todo comenzó con un auto modelo 92. El motor se había roto y el panorama era complicado. Silvia contó que su hijo viajó desde Mendoza para intentar repararlo y darle una mano, pero el problema era mayor de lo esperado.

Fue ahí cuando apareció Martín Matías.

Según relató, lo conocieron casualmente mientras buscaban repuestos. El hombre se mostró amable y hasta les ofreció herramientas para intentar solucionar el problema. Sin embargo, poco después llegó el diagnóstico que cambiaría todo.

“Las camisas están pinchadas, no lo vas a poder reparar”, le habría dicho.

Acto seguido, le ofreció hacerse cargo del trabajo. El costo estimado rondaba los dos millones de pesos.

Al principio, la cifra no estaba del todo clara. Silvia explicó que primero le habló de valores aproximados y luego, vía WhatsApp, terminó detallando que la rectificación podría costar entre 800 mil y un millón de pesos, dependiendo del taller.

Después apareció una supuesta alternativa “más barata”.

Según contó la damnificada, el mecánico le aseguró haber conseguido una rectificadora que haría el trabajo por 700 mil pesos, aunque sin entregar recibo.

“Yo le pregunté si era legal y si el trabajo iba a estar bien hecho. Me dijo que sí, que él se encargaba de todo”, recordó.

La mujer afirma que aceptó porque necesitaba el vehículo urgentemente. Tiene un hijo con discapacidad y el auto era fundamental para trasladarse.

Con el correr de los días, comenzaron las dudas.

El vehículo seguía fallando. El motor hacía ruidos extraños y cada consulta terminaba en nuevas explicaciones técnicas y más gastos. En un momento, incluso le dijeron que el problema era el filtro de aceite y le cobraron otros 15 mil pesos para cambiarlo.

Pero el punto más conflictivo llegó cuando hablaron de la mano de obra.

Silvia aseguró que inicialmente entendió que el costo sería mucho menor. Sin embargo, luego el mecánico le reclamó 650 mil pesos solo por el trabajo realizado.

“Si quería pagarlo en dos veces, me cobraba un millón”, sostuvo.

Desesperada, terminó sacando préstamos para cubrir todo. Entre rectificación, materiales, repuestos y mano de obra, calcula que gastó cerca de 1 millón 800 mil pesos.

Comprobantes de algunas transferencias

El problema es que el auto nunca quedó bien.

La situación explotó durante un viaje a Mendoza. Silvia decidió usar el vehículo porque confiaba en que el motor había sido reparado correctamente. Pero el viaje terminó siendo un infierno.

“El auto se rompió otra vez y nadie quería tocar el motor”, relató.

Según contó, regresó a San Luis prácticamente destruida emocionalmente y manejando en tercera. Paraba cada veinte minutos porque el vehículo no respondía. El trayecto, que normalmente demanda mucho menos tiempo, le llevó alrededor de diez horas.

Finalmente, cerca de Desaguadero, necesitó asistencia y una grúa terminó trasladando el vehículo.

Fue entonces cuando volvió a comunicarse con el mecánico. Pero lejos de encontrar soluciones, asegura que recibió un trato hostil.

“Me dijo que no le gustaba el manoseo, que lo tocara uno y lo tocara otro”, recordó.

Ese fue el quiebre definitivo.

Silvia decidió llevar el vehículo a otro mecánico de San Luis. Allí ocurrió lo que, para ella, terminó confirmando todas sus sospechas.

“El señor empezó a desarmar el motor y me dijo: ‘No le hicieron absolutamente nada’”, contó.

Según su testimonio, el nuevo mecánico grabó videos del proceso completo y le fue mostrando cada detalle. Esos registros, afirma, fueron presentados posteriormente en la denuncia formal.

“Desarmó todo el motor y no tenía nada hecho. Nada”, insistió.

La mujer sostiene que el segundo mecánico incluso declaró como testigo y explicó el estado real del vehículo.

Mientras tanto, el impacto económico y emocional seguía creciendo.

Silvia asegura que el auto era su única herramienta de movilidad y que la situación la afectó profundamente, sobre todo por la necesidad de trasladar a su hijo.

“Yo lloraba todo el tiempo”, expresó.

A pesar de eso, nunca hubo una solución.

Según afirmó, el acusado jamás volvió a comunicarse con ella. Tampoco le ofreció devolver el dinero.

“Yo solo quería recuperar mi plata. Nada más”, dijo.

Sin embargo, el caso tomó un giro todavía más polémico cuando apareció el componente político.

La causa finalmente fue archivada. Silvia aseguró que se enteró personalmente tras consultar en Fiscalía. Pero lo que más la sorprendió fue otro detalle: una restricción.

Según explicó, desde el entorno del denunciado aseguraban que ella quería perjudicarlo políticamente porque él tenía que asumir como concejal.

“Yo ni siquiera sabía eso”, afirmó.

La mujer insiste en que jamás hubo motivaciones políticas detrás de la denuncia. Dice que simplemente buscaba recuperar el dinero perdido y denunciar lo que considera una maniobra fraudulenta.

El caso hoy genera ruido en redes y vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cuántas veces una denuncia común termina mezclándose con intereses políticos?

Porque mientras una mujer asegura tener audios, videos, testigos y pruebas técnicas, la causa quedó archivada. Y en el medio aparece un relato que intenta transformar una denuncia mecánica en una supuesta operación política.

La historia de Silvia Garro no habla solamente de un auto roto. Habla de confianza destruida. De una persona endeudada. De un vehículo que era esencial para su vida cotidiana. Y también de algo mucho más profundo: la sensación de que, cuando ciertos nombres empiezan a moverse en política, las explicaciones cambian y las responsabilidades parecen diluirse.

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