Por Natalia Ciliento 
La decisión fue oficializada este lunes y se suma a otras áreas que ya quedaron fuera de la futura Ley de Ministerios que prepara el Ejecutivo provincial. Según se informó, Poggi aceptó la renuncia de los funcionarios que integraban la Secretaría de Estado de Ética Pública y Control de Gestión y resolvió dividir sus competencias entre diferentes organismos.
El movimiento político no pasó desapercibido. Principalmente porque el área tenía funciones sensibles vinculadas con controles administrativos internos, auditorías y aplicación de mecanismos de transparencia dentro del Estado provincial.
A partir de ahora, los Sumarios Administrativos pasarán a depender del Ministerio de Hacienda e Infraestructura. Mientras tanto, el Taller del Parque Automotor será absorbido por el Ministerio de Seguridad.
Por otra parte, todas las competencias relacionadas con el Control de Gestión serán transferidas al Ministerio de Gobierno. Allí también quedará bajo órbita oficial la aplicación de la denominada Ley de Ejemplaridad y Coherencia, conocida públicamente por incluir los narcotest a funcionarios públicos.
El Gobierno aclaró además que ningún empleado público perderá su puesto de trabajo como consecuencia de la eliminación de la secretaría. Es decir, la modificación impactará sobre la estructura política y administrativa, pero no sobre la planta laboral estatal.
Sin embargo, la decisión vuelve a instalar interrogantes sobre el nuevo diseño de poder que busca implementar el Ejecutivo provincial. En pocas semanas, Poggi eliminó o absorbió varias áreas que durante años funcionaron con rango ministerial o de secretaría de Estado.
Entre ellas aparecen el ministerio de Ciencia e Innovación y las secretarías de Actividades Logísticas, Comunicación, Ambiente y Desarrollo Sustentable. Ahora se suma Ética Pública y Control de Gestión, profundizando el proceso de reorganización interna.
En términos políticos, la estrategia oficial parece apuntar a reducir estructuras autónomas y concentrar funciones en ministerios con mayor peso dentro del gabinete provincial. De hecho, varias áreas consideradas estratégicas quedarán directamente bajo control de carteras políticas centrales.
Además, el rediseño ocurre en un contexto económico donde el Gobierno busca reducir costos operativos y reorganizar recursos frente a un escenario financiero más ajustado. Aunque oficialmente no se habla de ajuste, las modificaciones muestran una clara intención de compactar el funcionamiento estatal.
La desaparición de la Secretaría de Ética Pública también genera lectura política por el simbolismo del área. Principalmente porque tenía a cargo controles internos vinculados con transparencia, conducta administrativa y cumplimiento de normativas para funcionarios.
En ese marco, el traspaso de competencias hacia otros ministerios abre una nueva etapa en la administración provincial y redefine cómo se manejarán las auditorías internas y mecanismos de control.
Mientras tanto, desde Casa de Gobierno confirmaron que el gobernador continuará evaluando otras dependencias antes de cerrar definitivamente la nueva Ley de Ministerios. Por eso, no se descartan nuevas eliminaciones, fusiones o cambios de estructura en las próximas semanas.
La reconfiguración del gabinete ya comenzó a mostrar un patrón claro: menos organismos autónomos, más concentración administrativa y una reorganización política orientada a centralizar funciones estratégicas.
En una provincia donde el funcionamiento del Estado ocupa un rol central en la economía y la política, cada modificación dentro del organigrama provincial genera impacto inmediato tanto en la administración pública como en el tablero político interno.
Hector Acosta