Por Natalia Ciliento 
La Fiscalía de Estado apelará el sobreseimiento de Cintia Ramírez y Miguel Ángel Berardo, luego de que el juez Marcos Flores Leyes declarara prescripta la causa que investigaba presuntas irregularidades en la contratación de obras para dos canchas de fútbol con césped sintético en la Universidad de La Punta (ULP).
La resolución judicial fue dictada el lunes 26 de octubre. Según informó TodoUnPais, el organismo provincial considera que el magistrado interpretó de manera incorrecta las normas sobre prescripción de la acción penal y sostiene que la acusación contra los exfuncionarios fue formulada dentro del plazo legal.
El planteo que llevará a la instancia de apelación tiene como eje una cuestión procesal: determinar si el requerimiento acusatorio fue presentado formalmente antes del vencimiento del plazo de prescripción.
Por qué Fiscalía de Estado cuestiona el sobreseimiento
De acuerdo con los antecedentes citados en la publicación, el plazo de prescripción vencía el 6 de agosto de 2026. El requerimiento acusatorio tenía fecha del 5 de agosto, mientras que la comunicación a las defensas se realizó el 21 de agosto.
Fiscalía de Estado sostiene que la acusación fue presentada dentro del período establecido por la ley y que esa actuación debía interrumpir la prescripción, conforme al artículo 67 del Código Penal y a las normas procesales aplicables.
Sin embargo, el juez Flores Leyes consideró que no existía una constancia objetiva suficiente para acreditar que el requerimiento acusatorio hubiera sido presentado formalmente antes del vencimiento del plazo.
La diferencia entre la fecha consignada en el documento y la acreditación de su presentación constituye uno de los puntos centrales que deberá revisar la instancia judicial superior.
Por el momento, el organismo provincial sostiene que existen fundamentos para revertir el fallo. La apelación buscará que se analice nuevamente si correspondía declarar extinguida la acción penal o si el proceso debe continuar.
Fiscalía también cuestiona las demoras en la investigación
Además de discutir la interpretación de las normas sobre prescripción, Fiscalía de Estado cuestiona el tiempo que demandó la investigación.
Según una fuente judicial citada por TodoUnPais, el expediente habría permanecido prácticamente paralizado durante dos años, pese a los pedidos del organismo para que avanzaran las actuaciones.
Los cuestionamientos apuntan a la intervención del fiscal Ricardo Barbeito, a quien la fuente atribuyó demoras en el impulso de la causa. También indicó que Fiscalía de Estado cuenta con presentaciones escritas que respaldarían los reclamos efectuados durante ese período.
De acuerdo con la misma fuente, la investigación recuperó impulso después de la condena dictada contra Ramírez en otro expediente judicial.
Estas afirmaciones corresponden a la posición atribuida a Fiscalía de Estado y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre eventuales responsabilidades por las demoras.
El organismo sostiene que, más allá de esos cuestionamientos, el aspecto decisivo es establecer si la acusación fue presentada dentro del plazo legal.
La causa por las obras de la Universidad de La Punta
La investigación se originó en contrataciones realizadas durante noviembre de 2023, en las últimas semanas de la gestión provincial de Alberto Rodríguez Saá.
Ramírez, exsecretaria de Deportes, y Berardo, exsecretario general de la Gobernación, fueron imputados en septiembre de 2024 por tres hechos de presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público relacionados con contratos adjudicados a la empresa MyD Construcciones SRL.
Las obras contemplaban tareas de movimiento de suelo, cerramiento y preparación de terrenos para instalar césped sintético en dos canchas de fútbol de la Universidad de La Punta.
Según los antecedentes publicados, las contrataciones involucraban desembolsos por aproximadamente 87,5 millones de pesos, realizados en diciembre de 2023, pocos días antes del cambio de gobierno.
Entre los aspectos cuestionados en la investigación figuraban la contratación directa de la empresa, el otorgamiento de anticipos financieros y la presunta falta de ejecución de los trabajos comprometidos.
Estos puntos formaron parte de las irregularidades investigadas, pero no deben interpretarse como hechos probados por una sentencia condenatoria en esta causa.
Qué puede pasar ahora
El sobreseimiento se fundamentó en la prescripción de la acción penal. Fiscalía de Estado buscará que una instancia superior revise los argumentos del juez y determine si se cumplieron las condiciones legales para considerar vencido el plazo.
La controversia se concentra en establecer qué actuación procesal interrumpió —o no— la prescripción y si quedó acreditada su realización dentro del término correspondiente.
La resolución de la apelación será determinante para definir si se mantiene el cierre de la causa por prescripción o si existen fundamentos para modificar esa decisión y permitir que el proceso continúe.
Hector Acosta