Por Hector Acosta 
La fiscal de Juicio denunció difamaciones, hostigamientos y amenazas que, según su presentación, estarían vinculadas con una investigación por el robo de una importante suma de dinero.
La fiscal de Juicio María Virginia Palacios cuenta con custodia policial permanente luego de presentar una denuncia en la que manifestó temer por su integridad y la de su hija. La medida fue confirmada por la ministra de Seguridad, Nancy Sosa.
Según explicó la funcionaria, la protección fue dispuesta de manera preventiva por el jefe de la Policía de la Provincia, Juan Carlos Serrano, luego de que Palacios se presentara directamente en la Jefatura Central para radicar la denuncia.
“Dado que temía por su seguridad por tratarse de una fiscal de Juicio y la envergadura que representa para el Estado, se dispuso de manera inmediata la custodia con personal uniformado y especializado”, sostuvo Sosa.
El operativo está a cargo del Comando de Operaciones de Alto Riesgo (COAR), una unidad especializada de la Policía provincial. La ministra señaló que la medida continuará hasta que la Justicia determine si corresponde mantenerla de acuerdo con el avance de la investigación. En la causa interviene la fiscal Adjunta Antonella Romagnoli.
La custodia de la fiscal María Virginia Palacios
El dispositivo comenzó el 20 de septiembre e incluye vigilancia en el domicilio de la fiscal y seguimiento durante sus desplazamientos.
“La tiene en su domicilio y cuando se mueve la acompañan, no de manera de traslado, sino con seguimiento”, explicó Sosa.
La situación fue considerada excepcional debido a la condición de la denunciante y a las circunstancias expuestas en su presentación. De acuerdo con lo señalado en el material, recientemente tres personas ingresaron al exclusivo barrio privado Los Quebrachos, donde actualmente reside Palacios, un hecho incorporado al contexto de preocupación por su seguridad.
Qué denunció Palacios
Palacios, de 47 años, abogada y fiscal de Juicio, denunció una serie de difamaciones, hostigamientos y amenazas que, según expuso, surgieron en el marco de una investigación por el robo millonario de dinero que mantiene enfrentados a dos hermanos.
De acuerdo con la presentación, la funcionaria mantiene desde hace años una relación de amistad con Jorge “Neneto” Novillo y su familia. El conflicto se originó a partir del robo que Ernesto Novillo, conocido como “El Tomero”, le atribuye a su hermano.
Según la denuncia, después de un allanamiento realizado en mayo de 2026, en el que Jorge Novillo quedó como principal sospechoso, Ernesto Novillo y personas de su entorno comenzaron a difundir versiones que vinculaban a la fiscal con un supuesto encubrimiento.
Entre esas afirmaciones, según Palacios, se habría sostenido que ella retrasó o frustró el procedimiento policial.
La fiscal también denunció que se difundió falsamente que ocultaba en una propiedad que construye en El Volcán el dinero y los dólares provenientes del robo. Según manifestó, esa versión la expuso a riesgos para su integridad física y patrimonial.
Una denuncia que incluye una presunta amenaza
Palacios relató además que, en determinado momento, el abogado Hugo Scarso le preguntó “qué tenía que ver con el robo”, luego de que “Tomero” Novillo lo hubiera sondeado para que lo patrocinara.
Otro de los puntos de la presentación está relacionado con una versión que la fiscal dijo haber conocido a través del abogado de Jorge Novillo y que habría sido atribuida a un interno del Servicio Penitenciario identificado por el apodo de “Coco” Fábrega.
Según ese relato, Ernesto Novillo habría pagado a Nicolás Mauricio Gómez, conocido como “el Porteño” y actualmente prófugo, para atentar contra la vida de la fiscal y de Jorge Novillo.
Asimismo, Palacios indicó que la pareja de Gómez, identificada como Giselle, se presentó ante una fiscalía con denuncias que la funcionaria calificó como falsas.
Entre ellas, mencionó una acusación según la cual habría colaborado en la fuga de Gómez y recibido 180 mil dólares para conseguir su libertad. La fiscal dejó constancia además de que conoce al prófugo porque anteriormente había realizado trabajos de mantenimiento en su domicilio.
Las actuaciones sumariales quedaron bajo la órbita de la Unidad de Abordaje Fiscal, que deberá determinar el alcance de los hechos denunciados y las medidas que correspondan.
El Gobierno espera una definición judicial
Sosa aseguró que preservar la seguridad de la fiscal y de su hija constituye una prioridad del Ministerio de Seguridad mientras avanza la investigación.
“Nosotros vamos a actuar siempre para preservar el bien de la vida y estamos esperando que la Justicia se exprese y tome alguna medida al respecto si le da continuidad o no a la custodia”, sostuvo la ministra.
Por el momento, la protección permanece vigente y su continuidad quedará sujeta a lo que determine la Justicia en función del avance de las actuaciones.
Natalia Ciliento