Por Natalia Ciliento 
El intento de secuestro en San Luis que conmocionó al barrio San Martín sumó en las últimas horas un elemento que profundizó la indignación: el sospechoso detenido por el hecho fue liberado por la Justicia menos de 24 horas después.
La denuncia fue realizada por la madre de la menor, quien reconstruyó minuto a minuto una escena que, lejos de cerrarse, abre más preguntas que respuestas. Mientras tanto, el foco se desplaza: del hecho en sí a la actuación judicial.
Todo ocurrió el sábado por la tarde. Según relató Verónica Molina, su hija de 10 años jugaba en el patio de su casa cuando desapareció. Fueron apenas minutos, pero suficientes para desatar la desesperación.
“Mi hija no está”, fue la frase que activó la alarma. Desde ese momento, comenzó una búsqueda desesperada dentro y fuera de la vivienda. Nadie la había visto salir. Nadie escuchó nada.
Sin embargo, el desenlace fue aún más inquietante. La menor fue encontrada en un descampado cercano, luego de que el presunto agresor la abandonara al advertir la presencia de familiares que la buscaban.
De acuerdo al testimonio de la madre, la niña fue reducida, trasladada en brazos y habría sido sometida a algún tipo de sustancia que la dejó desorientada. Cuando la encontraron, estaba “ida”, como si hubiera sido sedada.
El dato es estremecedor. Pero lo que vino después generó aún más tensión.
En el marco del intento de secuestro en San Luis, la Policía logró detener a un hombre señalado como el posible autor. No obstante, al día siguiente fue liberado por decisión judicial, bajo el argumento de falta de pruebas concluyentes.
Ahí aparece el punto de quiebre.
La familia no solo cuestiona la investigación, sino también la falta de contención institucional. Según la madre, la menor presenta secuelas claras: miedo a salir, rechazo a volver a la escuela y necesidad de resguardo permanente.
Además, denunció que no recibieron asistencia psicológica inmediata. Un vacío que, en estos casos, pesa tanto como la investigación misma.
Por otro lado, la causa sigue en manos de la Fiscalía especializada en Género, Diversidad, Infancias y Adultos N° 2. Desde allí confirmaron que la investigación continúa abierta y que se ampliaron las líneas de análisis.
Sin embargo, hay otro dato que genera preocupación: la Cámara Gesell —clave para el testimonio de la menor— podría demorarse hasta cuatro meses. Un plazo que la familia considera excesivo, sobre todo teniendo en cuenta que la niña manifestó su intención de declarar.
En paralelo, surgió una situación que complejiza aún más el escenario. El hombre liberado solicitó una restricción contra la madre de la víctima. Un giro que, lejos de calmar las aguas, incrementa la sensación de vulnerabilidad.
En ese contexto, el intento de secuestro en San Luis deja de ser solo un caso policial. Se transforma en un debate sobre tiempos judiciales, acompañamiento a víctimas y capacidad de respuesta del sistema.
Mientras tanto, la familia intenta reconstruir la rutina. Aunque, por ahora, eso parece imposible. Las niñas no asisten a la escuela y duermen en otro domicilio por miedo.
La pregunta que queda flotando es incómoda, pero necesaria: ¿qué pasa cuando una víctima quiere hablar y el sistema no responde a tiempo?
Porque en este caso, más allá de la investigación, hay una urgencia evidente. Y no es jurídica.
Es humana.