Por Natalia Ciliento 
La Intervención Bomberos San Luis expuso un escenario crítico: más de $87 millones en subsidios nacionales sin rendir, documentación faltante y una denuncia penal en marcha por presunta administración fraudulenta.
El anuncio lo encabezó la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, junto a la nueva comisión interventora de la Federación de Bomberos Voluntarios. Lo que comenzó como una auditoría administrativa terminó abriendo una causa judicial que podría escalar.
Según detalló la interventora Roxana Díaz, la situación institucional es delicada desde múltiples frentes. Por un lado, describió un panorama de abandono: instalaciones deterioradas, servicios básicos cortados y problemas en el parque automotor, incluyendo la desaparición de un vehículo que había sido dado de baja.
Sin embargo, el punto más grave aparece en lo contable. La Intervención Bomberos San Luis detectó que la Federación recibió $87.304.425,61 en subsidios nacionales entre 2020 y 2023 —destinados a funcionamiento y capacitación— que nunca fueron rendidos ante Nación.
Además, la irregularidad no termina ahí. De los comprobantes presentados, solo se pudo validar documentación por poco más de $27 millones. A esto se suman gastos por $2,7 millones con comprobantes inválidos, sin respaldo fiscal. Y, como si fuera poco, hay más de $22,9 millones directamente sin ningún tipo de documentación.
Es decir, el problema no es solo la falta de rendición. Es la ausencia de respaldo sobre el destino de los fondos.
En este contexto, el abogado Emiliano Vera confirmó que se presentó una denuncia penal ante la Unidad de Abordaje Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial. Los señalados son Damián Gómez y Nelson Gómez, inicialmente por el delito de administración fraudulenta.
No obstante, la calificación podría ampliarse a medida que avance la investigación. En los próximos días se esperan citaciones para ratificar la denuncia y aportar pruebas recolectadas durante la intervención.
Por otro lado, la ministra Sosa remarcó el impacto directo de esta situación. La falta de rendición no solo genera un problema judicial, sino que bloquea el acceso a nuevos fondos nacionales. Actualmente, la provincia no puede recibir subsidios que rondarían los $400 millones.
En consecuencia, la Intervención Bomberos San Luis no solo busca esclarecer lo ocurrido, sino también normalizar la institución para recuperar financiamiento clave.
Además, hay un dato que agrava el escenario: Nación ya no acepta rendiciones en papel. Por lo tanto, la totalidad de los $87 millones deberá ser devuelta en efectivo, lo que plantea un desafío económico inmediato.
Frente a esto, la comisión interventora ya anticipó el próximo paso: solicitar una audiencia con el Ministerio de Seguridad de la Nación para negociar condiciones de regularización.
Mientras tanto, el mensaje político es directo. “Los fondos no son de las personas; son del pueblo”, sostuvo Sosa, marcando una línea clara en medio de la polémica.
Sin embargo, la pregunta de fondo persiste: ¿cómo se llegó a este nivel de descontrol en una institución clave para la emergencia?
Porque si algo deja en evidencia la Intervención Bomberos San Luis, es que el problema no es solo financiero. Es estructural.
Y ahora, además, es judicial.
Hector Acosta